En Ginebra, se ha avanzado significativamente hacia la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores durante la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) del Consejo de Derechos Humanos. Este encuentro destacó el apoyo creciente a un tratado que garantice el derecho a envejecer con dignidad. Las discusiones enfatizaron la necesidad de incluir a las personas mayores y sus organizaciones en todas las fases del proceso, asegurando que sean sujetos activos en lugar de meros receptores de protección. Se propuso iniciar el trabajo con una base conceptual sólida antes de negociar el texto, buscando evitar debates fragmentados y asegurar un enfoque centrado en los derechos humanos. La comunidad internacional muestra un compromiso creciente hacia esta convención, subrayando la importancia de traducir este impulso político en un marco normativo efectivo y transformador.
Recientemente, en Ginebra, se ha dado un paso significativo hacia la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. Este avance tuvo lugar durante la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) del Consejo de Derechos Humanos. Durante varios días de intensos debates, se evidenció un creciente apoyo entre Estados, instituciones nacionales de derechos humanos y miembros de la sociedad civil para establecer un tratado que garantice el derecho a envejecer con dignidad.
La sesión inaugural se centró en la organización de los trabajos y en proporcionar un contexto general. Tras las intervenciones de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las delegaciones de Argentina y Eslovenia, el embajador argentino Carlos Mario Foradori fue elegido presidente del Grupo de Trabajo. Su discurso, junto al de otros representantes, marcó un claro compromiso por avanzar desde el diagnóstico hasta la redacción concreta de la convención.
En el panel inaugural titulado “configurar el escenario”, Rose Gahire, copresidenta de la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP), presentó propuestas fundamentales sobre cómo debería desarrollarse este nuevo proceso. Gahire enfatizó la importancia de garantizar una participación genuina y significativa de las personas mayores, subrayando que su rol no debe ser meramente simbólico o consultivo. Las organizaciones que representan a este grupo deben tener un papel central en todas las etapas del proceso, desde la definición conceptual hasta el análisis detallado de cada artículo.
Las intervenciones del segundo día confirmaron que el apoyo a una convención sigue siendo robusto entre numerosos Estados, quienes mostraron disposición para comenzar a trabajar concretamente. En sus declaraciones generales, varias delegaciones manifestaron su intención de avanzar y reconocieron las lagunas existentes en los marcos normativos actuales. Elijah Mwega, representante de KARIKA, presentó una declaración conjunta en nombre de GAROP que reiteró la necesidad de situar las voces y organizaciones representativas de las personas mayores en el centro del proceso.
Un aspecto clave del consenso emergente fue la propuesta para que el Grupo de Trabajo inicie sus labores elaborando una base conceptual, principios y el alcance del futuro tratado antes de entrar en negociaciones detalladas sobre el texto. Este enfoque busca evitar debates fragmentados y asegurar que el instrumento cuente con una estructura coherente basada estrictamente en los derechos humanos, evitando visiones asistencialistas o biomédicas sobre la vejez.
El segundo día estuvo dedicado a un panel con expertos sobre los elementos necesarios para un instrumento jurídicamente vinculante y al análisis metodológico del IGWG. Se destacó notablemente —como señalaron tanto representantes civiles como Beda A. Epres, comisionada nacional de derechos humanos en Filipinas— la ausencia de representantes provenientes de organizaciones dedicadas a personas mayores. Esta falta puso nuevamente en evidencia la necesidad urgente de replantear su participación para convertirlas en sujetos activos en lugar de meros objetos de protección.
El debate sobre los contenidos reflejó diversas perspectivas pero también mostró una clara receptividad hacia iniciar desde una base conceptual amplia que contemple todos los derechos relacionados con la vejez. Desde la sociedad civil se insistió en que el tratado debe abordar no solo la discriminación por edad sino también sus intersecciones con género, pobreza, discapacidad y otros ejes relevantes.
A medida que avanzaba la discusión sobre los métodos del Grupo de Trabajo, algunos Estados como China, Egipto y Pakistán cuestionaron la inclusión de organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo ante el ECOSOC. Esto generó un intenso debate sobre qué grado debe tener la inclusividad y transparencia durante todo el proceso. Sin embargo, muchos Estados defendieron un enfoque abierto que permita contribuciones diversas, especialmente aquellas provenientes directamente del trabajo con personas mayores o lideradas por ellas.
Cerrando esta sesión, GAROP emitió una declaración final celebrando el compromiso del presidente con una difusión oportuna de documentos relevantes. También resaltó el consenso emergente sobre comenzar desde una base conceptual sólida y reiteró que es fundamental colocar a las personas mayores en el centro del diálogo.
Las jornadas realizadas dejaron claro que este encuentro fue más allá de ser simplemente técnico; son señales inequívocas que indican cómo la comunidad internacional está convergiendo hacia la necesidad urgente de establecer una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores. El verdadero desafío radica ahora en mantener esta línea proactiva, ampliar la participación activa liderada por personas mayores y traducir este impulso político en un texto ambicioso y transformador que garantice sus derechos efectivamente.
El objetivo de la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) fue avanzar hacia la adopción de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, garantizando el derecho a envejecer con dignidad.
En la sesión inaugural se organizó el trabajo y se presentó el contexto general. Se eligió al embajador argentino Carlos Mario Foradori como presidente del Grupo de Trabajo, y se destacó la necesidad de pasar del diagnóstico a la redacción concreta de una convención.
Se insistió en que las organizaciones que representan a las personas mayores deben tener un papel central en todas las fases del proceso, desde la definición de conceptos hasta el análisis de cada artículo.
Se discutieron elementos para un instrumento jurídicamente vinculante, métodos de trabajo del IGWG, y se subrayó la importancia de abordar no solo la discriminación por edad, sino también intersecciones con género, pobreza y discapacidad.
El desafío consiste en mantener el impulso político, ampliar la participación de organizaciones lideradas por personas mayores y traducir este impulso en un texto de convención ambicioso y garantista.