España ha descendido al quinto puesto en el Rainbow Map 2025, un informe de ILGA-Europe que evalúa la protección de los derechos LGTBI+ en Europa. A pesar de mantener una buena legislación, la Federación Estatal LGTBI+ advierte sobre el estancamiento y retrocesos en la implementación efectiva de estos derechos. La falta de voluntad política y el aumento del discurso de odio son preocupaciones destacadas. La Federación insta al Gobierno a reactivar su compromiso con la igualdad y garantizar que las políticas públicas lleguen a todas las personas.
España se posiciona en el top 5 de naciones europeas con mayor protección legal para la comunidad LGTBI+, aunque desde la Federación Estatal LGTBI+ advierten que contar con derechos no es suficiente si no se implementan de manera efectiva frente al creciente odio y los retrocesos globales.
Madrid, 15 de mayo de 2025. – En el reciente informe Rainbow Map 2025, elaborado por ILGA-Europe, España ha descendido al quinto puesto en cuanto a compromiso con los derechos de las personas LGTBI+. Con un cumplimiento legislativo y de políticas públicas del 74%, el país pierde una posición respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia de estancamiento, mientras otras naciones avanzan en el reconocimiento y protección del colectivo.
La Federación Estatal LGTBI+ ha señalado que este descenso no es un hecho aislado, sino un síntoma de retrocesos concretos y una falta de impulso político en la implementación efectiva de los derechos reconocidos por la legislación vigente. “Este descenso es una señal de alarma. España ha logrado avances significativos en los últimos años, pero no basta con tener leyes; hay que aplicarlas, desarrollarlas y protegerlas frente a los constantes ataques que estamos sufriendo. La igualdad legal debe traducirse en igualdad real en todo el territorio, y eso hoy no está ocurriendo”, afirmó Óscar Rodríguez, vocal de relaciones exteriores de la Federación Estatal LGTBI+.
El informe destaca que, a pesar de los avances en áreas como la autodeterminación de género y la protección contra delitos de odio, falta voluntad política para garantizar la implementación efectiva de estas normas, especialmente en sectores como educación, sanidad y empleo. Además, se alerta sobre el aumento del discurso de odio y las campañas organizadas contra los derechos del colectivo.