La ONU continúa su labor humanitaria y de promoción de la paz en un contexto global desafiante. En 2024, asistió a 116 millones de personas en 77 países, a pesar de enfrentar un costo humano significativo con 373 trabajadores asesinados, especialmente en Gaza. El informe del Secretario General destaca la resiliencia del personal y los esfuerzos para abordar crisis como guerras, desastres naturales y el cambio climático. La organización también impulsa iniciativas para la igualdad de género y el desarrollo sostenible, mientras que la Cumbre del Futuro 2024 establece un nuevo pacto para revitalizar la cooperación internacional. A pesar de los retos, la ONU reafirma su compromiso con los derechos humanos y el bienestar global.
La Fundación Mutualidad, a través de su Directora General Blanca Narváez, destaca la importancia de abordar el edadismo en el ámbito jurídico para garantizar la autonomía, igualdad y dignidad de las personas mayores. En su Plan Estratégico 2024-2027, se proponen diez objetivos centrados en erradicar el edadismo, proteger a este colectivo y promover una cultura del ahorro. La Fundación busca crear un ecosistema colaborativo que beneficie a los más vulnerables mediante la educación financiera y programas de sensibilización para profesionales del derecho. Además, se plantea la figura del "experto facilitador" para asegurar que las personas mayores puedan ejercer sus derechos sin barreras tecnológicas ni prejuicios. Este enfoque integral es clave para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la sociedad actual.
Arcópoli ha expresado su rechazo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que utilizó el homonacionalismo para justificar el genocidio en Gaza. La organización denuncia que emplear los derechos LGTBI+ como argumento para legitimar violaciones de derechos humanos es una manipulación inaceptable. Ayuso afirmó que la participación de países donde se persigue la homosexualidad en competiciones internacionales debería ser cuestionada, pero Arcópoli responde que no se pueden usar los derechos de este colectivo para justificar atrocidades como el genocidio palestino. La organización reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos universales y critica el uso político del colectivo LGTBI+ en discursos que encubren crímenes de guerra.
En Gaza, al menos 21.000 de los 40.500 niños afectados por el conflicto han quedado discapacitados debido a bombardeos y agresiones militares en casi dos años de guerra. Un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que estos menores enfrentan condiciones de evacuación inseguras y carecen de servicios esenciales, lo que ha resultado en muertes y un aumento alarmante de problemas de salud mental. La falta de acceso a ayuda humanitaria agrava la situación, dejando a muchos sin alimentos ni atención adecuada. Los expertos instan a garantizar corredores seguros para la evacuación y a permitir la entrada de suministros esenciales, así como a adoptar prácticas inclusivas en la distribución de ayuda.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados en las comunidades autónomas de España. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un avance significativo para asegurar los derechos de la infancia migrante. La norma fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, garantizando una acogida digna y solidaria. Además, se activará un protocolo de traslados para aquellas comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Arcópoli, una asociación LGTBI+ comprometida con los Derechos Humanos, denuncia el genocidio del pueblo palestino en Gaza y exige al Gobierno de España que actúe. La organización critica la utilización de los derechos LGTBI+ para justificar crímenes de guerra y llama a no permanecer indiferentes ante la masacre sistemática en Gaza. Arcópoli insta a España a romper relaciones con Israel y a convertirse en un actor activo en la defensa de los derechos humanos, enfatizando que la lucha por la justicia debe ser universal y no limitarse a intereses políticos.
HelpAge International España ha celebrado la reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una demanda histórica del movimiento social de personas mayores. Isabel Martínez, presidenta de la organización, destacó que esta reforma busca mejorar el acceso a cuidados dignos para las personas en situación de dependencia y sus familias. Entre los aspectos positivos se incluye la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, el reconocimiento automático de la discapacidad, la ampliación de ayudas a domicilio y el establecimiento de derechos subjetivos como la teleasistencia. A pesar de estos avances, HelpAge enfatiza la necesidad de seguir trabajando hacia una ley integral que garantice efectivamente los derechos de las personas mayores.
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Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán han sido privadas de educación durante los últimos cuatro años, según Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. A pesar del regreso de más de 2 millones de afganos a su país, la prohibición de asistir a la escuela más allá del sexto grado sigue vigente. Esta situación agrava problemas sociales como el aislamiento, los matrimonios tempranos y la salud mental entre las jóvenes. UNICEF hace un llamado urgente a las autoridades para que levanten esta restricción y permitan el acceso a la educación para todas las niñas, destacando que el progreso del país depende de la inclusión educativa y laboral de mujeres y hombres.
La igualdad de género es un derecho fundamental que puede transformar la economía global, según un informe de ONU Mujeres. A pesar de algunos avances en educación y salud, se estima que 351 millones de mujeres y niñas seguirán en pobreza extrema para 2030 si no se toman medidas urgentes. La inversión en igualdad podría añadir 1,5 billones de dólares al PIB mundial en cinco años y generar beneficios acumulados de 342 billones hacia 2050. Actualmente, las mujeres representan solo el 27% de los escaños parlamentarios y el 30% de los puestos directivos, lo que subraya la necesidad de un cambio significativo en la toma de decisiones. La igualdad de género no solo es una cuestión de justicia social, sino también un motor esencial para el desarrollo económico y la paz.
Arcópoli ha expresado un rechazo contundente a las declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien, en un evento organizado por VOX, realizó una parodia ofensiva sobre la autodeterminación de género. Sus comentarios han sido considerados como un ataque directo a las personas trans y una manifestación de LGTBIfobia. Arcópoli denuncia que estas palabras provienen de alguien con un pasado en el sistema judicial, lo que agrava la situación al utilizar su voz pública para difundir discursos de odio. La organización está evaluando si estas declaraciones constituyen un delito de odio y exige una respuesta del Gobierno y de la judicatura ante este tipo de ataques que normalizan la discriminación.
La creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un avance significativo en la lucha por una Convención que proteja los derechos de las personas mayores. Este grupo se encargará de redactar un tratado internacional vinculante, con la primera reunión organizativa programada para febrero de 2026. Es crucial que el proceso sea inclusivo y refleje las experiencias de las personas mayores a nivel mundial, garantizando su participación activa desde el inicio. Las sesiones sustantivas del IGWG se llevarán a cabo en julio y octubre de 2026, donde se definirán los principios y el alcance de la futura convención. La transparencia y la accesibilidad son fundamentales para asegurar que todas las voces sean escuchadas y representadas adecuadamente.
El reciente informe de la ONU destaca el alarmante uso de la violencia sexual como táctica de guerra en 21 países, con más de 4600 casos documentados en 2024, un aumento del 25% respecto al año anterior. Las mujeres y niñas constituyen el 92% de las víctimas, aunque hombres y niños también sufren estos abusos. La violencia se emplea para controlar territorios y recursos, exacerbada por la disponibilidad de armas y la inseguridad alimentaria. El informe señala a Israel y Rusia bajo advertencia por patrones de violencia sexual en sus operaciones. La ONU insta a tomar medidas efectivas para prevenir estos crímenes y garantizar una vida digna a las víctimas, quienes requieren más que solidaridad para reconstruir sus vidas.
Arcópoli se pronuncia enérgicamente contra la intención de Alberto Núñez Feijóo de derogar la Ley Trans, una legislación clave que garantiza los derechos y la igualdad de las personas LGTBI+. Este anuncio representa un retroceso significativo en la lucha por los derechos humanos y la dignidad del colectivo LGTBI+, que ya enfrenta altos niveles de vulnerabilidad. Arcópoli rechaza firmemente esta iniciativa del Partido Popular, destacando que los derechos LGTBI+ son conquistas irrenunciables que deben ser defendidas con determinación. La organización advierte que luchará contra cualquier intento de deslegitimar los avances logrados en materia de igualdad y justicia social.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunió con Grainne O’Hara, representante en España de ACNUR, para discutir la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. Durante el encuentro, Rego enfatizó el compromiso del Gobierno español en garantizar los derechos de la infancia vulnerable y presentó avances en la implementación del Real Decreto-ley 2/2025, que busca proteger a menores en situaciones migratorias extraordinarias. Esta reunión subraya la importancia de una respuesta solidaria y efectiva ante las necesidades de estos jóvenes.
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