El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) ha presentado su Informe Anual de Resultados 2025, destacando la discriminación laboral y los internamientos injustificados que enfrentan las personas mayores. Durante 2025, el SEAM atendió 658 consultas, siendo las principales preocupaciones la información sobre prestaciones y servicios, el abuso y maltrato, y los cuidados necesarios. El informe también revela vulneraciones de derechos en ámbitos como la sanidad y el empleo, incluyendo jubilaciones forzosas y negaciones de atención por edad. Se proponen recomendaciones para reforzar la protección de este colectivo y avanzar hacia una Ley Integral de Derechos de Personas Mayores.
Bruselas acoge un diálogo europeo para fortalecer los derechos de las personas mayores, impulsado por HelpAge International España. Durante su visita, se participó en un encuentro regional sobre una futura Convención Internacional que busca mejorar la protección de este grupo. El evento reunió a representantes de diversas instituciones y organizaciones, quienes discutieron las lagunas en la protección actual y compartieron experiencias. Además, se llevó a cabo una reunión en el Parlamento Europeo con la eurodiputada Idoia Mendia para abordar el papel de la Unión Europea en este proceso. Se destacó el creciente consenso sobre la necesidad de revisar y promover un diálogo internacional estructurado sobre los derechos de las personas mayores.
Arcópoli ha anunciado un cambio significativo en el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, declarando su independencia total tras presiones que intentaron censurar sus informes. A partir de 2026, el observatorio será gestionado exclusivamente por voluntarios, asegurando que su análisis sobre la violencia y los incidentes de odio hacia la comunidad LGTBI+ no esté condicionado por instituciones. Esta decisión busca devolver a las víctimas el derecho a conocer la verdad completa sobre los contextos legales y sociales que rodean estos incidentes. Además, se implementará el Proyecto “Madrid Sin Odio”, que unirá vigilancia y atención a víctimas, garantizando recursos para apoyo psicológico y jurídico. Arcópoli reafirma su compromiso de ser una entidad crítica ante cualquier retroceso en los derechos LGTBI+.
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha lanzado su primera Estrategia de Cooperación Feminista, un hito que busca abordar la creciente desigualdad de género y proteger los derechos de mujeres y niñas a nivel global. Esta estrategia se fundamenta en la premisa de que no puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género, convirtiendo el feminismo en el eje central de la cooperación española. Se articula en cuatro pilares: derechos, representación, recursos y alianzas, con un enfoque interseccional que considera diversos factores como edad y origen. Además, se presta especial atención a las mujeres mayores, reconociendo sus desafíos únicos. La estrategia está alineada con la Ley 1/2023, que refuerza la igualdad de género como base fundamental para la cooperación internacional.
La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente para que se implementen políticas públicas basadas en derechos humanos que garanticen la dignidad y calidad de vida de las personas con VIH en España. A pesar de los avances médicos, estas personas enfrentan barreras que limitan su bienestar integral, incluyendo discriminación en el acceso a tratamientos y recursos. La organización exige la eliminación del estigma asociado al VIH y una respuesta que incluya acompañamiento psicológico y social. Además, subrayan la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad y garantizar el acceso universal a la PrEP sin discriminación. La defensa de los derechos de las personas con VIH debe ser prioritaria para asegurar su autonomía y bienestar.
La ONU alerta sobre el alarmante aumento del feminicidio, con una mujer asesinada cada 10 minutos en 2024, lo que equivale a aproximadamente 50.000 víctimas anuales a manos de parejas íntimas o familiares. Este fenómeno es impulsado por la discriminación de género y normas sociales dañinas. El informe destaca que el feminicidio, distinto del homicidio, está motivado por razones de género y se manifiesta en diversos contextos, desde el hogar hasta espacios públicos. Las mujeres en posiciones públicas y las comunidades indígenas enfrentan riesgos particulares. La ONU trabaja para fortalecer leyes y políticas que aborden esta crisis global, promoviendo la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.
La ONU continúa su labor humanitaria y de promoción de la paz en un contexto global desafiante. En 2024, asistió a 116 millones de personas en 77 países, a pesar de enfrentar un costo humano significativo con 373 trabajadores asesinados, especialmente en Gaza. El informe del Secretario General destaca la resiliencia del personal y los esfuerzos para abordar crisis como guerras, desastres naturales y el cambio climático. La organización también impulsa iniciativas para la igualdad de género y el desarrollo sostenible, mientras que la Cumbre del Futuro 2024 establece un nuevo pacto para revitalizar la cooperación internacional. A pesar de los retos, la ONU reafirma su compromiso con los derechos humanos y el bienestar global.
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España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, enfatizó que "envejecer es una cuestión de derechos humanos" y abogó por un marco jurídico internacional que garantice la dignidad y autonomía de este grupo, que representará un tercio de la población española en 2050. La jornada reunió a representantes del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes discutieron la necesidad de avanzar hacia una protección integral de los derechos de las personas mayores. Se anunció también una próxima reunión en Ginebra para establecer el Grupo de Trabajo intergubernamental encargado de la Convención.
España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante un evento en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer es un derecho humano y abogó por un marco jurídico internacional que garantice la dignidad y autonomía de este grupo, que representará un tercio de la población española en 2050. La jornada también incluyó intervenciones del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes subrayaron la necesidad de una protección integral para los derechos de las personas mayores. Se anunció que España liderará el próximo encuentro en Ginebra para avanzar en esta iniciativa.
Arcópoli ha anunciado un cambio significativo en la gestión del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, convirtiéndolo en un organismo completamente independiente. Esta decisión surge tras presiones de la administración que intentaron censurar el análisis del contexto legislativo y político en sus informes. A partir de 2026, el Observatorio se gestionará exclusivamente a través del voluntariado, garantizando que su discurso no esté condicionado por ninguna institución. Este nuevo enfoque busca proporcionar un análisis profundo de los incidentes de odio y restituir el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad sobre su situación. Además, se implementará el Proyecto “Madrid Sin Odio” para ofrecer atención psicológica y asesoría jurídica a las víctimas. Arcópoli reafirma su compromiso de ser una entidad crítica ante cualquier retroceso en los derechos LGTBI+.
El edadismo en el entorno sanitario y sociosanitario es una forma de discriminación que afecta principalmente a las personas mayores, limitando su acceso a servicios y la calidad de atención. Un artículo de la Revista Actas de Fundación Caser analiza cómo esta práctica se manifiesta de manera estructural, vulnerando derechos humanos fundamentales como la dignidad y la igualdad. Se destacan problemas como el trato diferenciado por edad, barreras en el acceso a tratamientos y la falta de respeto hacia la autonomía personal. La experiencia del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) evidencia patrones recurrentes de discriminación, subrayando la necesidad de un enfoque centrado en los derechos humanos para garantizar una atención adecuada y equitativa para las personas mayores. El artículo concluye con recomendaciones para erradicar el edadismo institucional y promover un modelo de atención que respete plenamente los derechos de este grupo.
Cuatro de cada 10 mujeres LTBI+ han experimentado algún tipo de violencia debido a la LGTBIfobia en el último año, según el informe Estado LGTBI+ 2025 de la Federación Estatal LGTBI+. Este estudio revela que un 13,8% ha sufrido violencia física o verbal, un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación. La violencia se manifiesta en diversos entornos, incluyendo la calle y centros educativos. La presidenta de la Federación destaca la doble discriminación que enfrentan estas mujeres y denuncia el impacto de los discursos de odio en la sociedad. En el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se hace un llamado a visibilizar estas problemáticas y exigir políticas públicas efectivas para combatir la violencia y la discriminación interseccional.
La Asamblea General de la ONU conmemora el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, destacando logros y desafíos en la igualdad de género. A pesar de avances significativos, como la promulgación de 1583 leyes contra la violencia de género, persisten problemas graves: el 10% de las mujeres vive en pobreza extrema y una de cada tres sufrirá violencia física o sexual. La inversión global en gasto militar supera seis veces lo destinado a proteger a las mujeres. Líderes como Annalena Baerbock y António Guterres enfatizan la necesidad de priorizar los derechos de las mujeres y asegurar que la tecnología promueva la igualdad. El informe "Panorama de Género 2025" alerta sobre el estancamiento en el cumplimiento de metas para la igualdad, mientras se hace un llamado urgente a financiar iniciativas que empoderen a mujeres y niñas.
Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán han sido privadas de educación durante los últimos cuatro años, según Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. A pesar del regreso de más de 2 millones de afganos a su país, la prohibición de asistir a la escuela más allá del sexto grado sigue vigente. Esta situación agrava problemas sociales como el aislamiento, los matrimonios tempranos y la salud mental entre las jóvenes. UNICEF hace un llamado urgente a las autoridades para que levanten esta restricción y permitan el acceso a la educación para todas las niñas, destacando que el progreso del país depende de la inclusión educativa y laboral de mujeres y hombres.
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