Arcópoli ha expresado un enérgico rechazo a las recientes declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien, en el contexto de unas jornadas organizadas por VOX en el Congreso de los Diputados, intentó ridiculizar la autodeterminación de género mediante una parodia que muchos consideran ofensiva y profundamente LGTBIfóbica.
“¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal.”
Las palabras de Borrego no deben ser vistas como un simple chascarrillo; representan un ataque directo contra las personas trans, un colectivo que ha sufrido históricamente violencia y exclusión, incluso dentro de la comunidad LGTBI+. La gravedad de sus comentarios aumenta al provenir de alguien que ha ocupado altos cargos en el sistema judicial español y europeo, instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales. Que un ex magistrado utilice su plataforma para menospreciar la identidad de género y cuestionar los avances hacia la igualdad es un hecho inaceptable y potencialmente peligroso para la democracia.
Un hombre privilegiado contra las personas más vulnerables
El señor Borrego, identificado como un hombre blanco, cisgénero y privilegiado, ha decidido enfocar sus ataques hacia aquellos que han sido históricamente más vulnerables. Esta intervención no solo perpetúa estereotipos dañinos y discursos de odio, sino que también refuerza la agenda reaccionaria de VOX, un partido conocido por negar la violencia de género y oponerse a la igualdad, buscando desmantelar derechos ya adquiridos.
Desde Arcópoli se informa que el equipo jurídico está analizando detenidamente las declaraciones realizadas por Javier Borrego durante las jornadas organizadas por VOX. El objetivo es determinar si estas afirmaciones constituyen un presunto delito de odio motivado por LGTBIfobia. La organización se niega a permitir que espacios institucionales sean utilizados para legitimar la humillación de colectivos vulnerables.
La responsabilidad de quien ha sido magistrado
Los magistrados y ex magistrados tienen una función crucial en la democracia: garantizar justicia, proteger derechos fundamentales y velar por la igualdad ante la ley. Es particularmente indignante que alguien con tal autoridad moral difunda discursos de odio, lo cual no solo desprecia esas funciones vitales sino que traiciona el espíritu constitucional y europeo destinado a proteger los derechos humanos.
Arcópoli exige al Gobierno de España, así como a las fuerzas democráticas y a la judicatura misma, una condena pública a estas declaraciones y acciones concretas en respuesta. El silencio institucional solo contribuye a normalizar actitudes LGTBIfóbicas.
Una defensa inquebrantable
Arcópoli reafirma su compromiso: no permanecerá en silencio ante quienes se creen intocables ni permitirá que se humille a las personas trans. Las instituciones democráticas no deben ser utilizadas para blanquear el odio. Frente a los ataques provenientes de figuras privilegiadas como Borrego, se mantendrá una defensa firme e inquebrantable de los derechos humanos, promoviendo siempre la diversidad y la verdadera igualdad.
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