CEPES reafirma que la Ley Integral de Economía Social no amenaza el empleo de personas con discapacidad. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social destaca la importancia de definir claramente los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores clave en este ámbito. A pesar de su reciente aprobación en el Congreso, CEPES asegura que esta ley no implica la desaparición de los Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro ni afecta negativamente a la contratación de personas con discapacidad. La normativa busca ofrecer seguridad jurídica y resaltar la función social de los CEEIS, garantizando su papel en la inclusión laboral y el desarrollo económico.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha reafirmado su postura respecto a la Ley Integral de Economía Social, asegurando que esta legislación no pone en riesgo el empleo de las personas con discapacidad. Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2025, el proyecto avanza en su proceso legislativo con su reciente remisión al Senado.
CEPES destaca la importancia de que esta norma reconozca y defina claramente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores clave dentro del ámbito de la Economía Social. Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, subraya que “la Ley Integral debe ofrecer seguridad jurídica y reconocer a las entidades que cumplen efectivamente con los principios y valores de la Economía Social, garantizando así su función inclusiva y la creación de empleo de calidad”.
Desde 2017, el marco jurídico español ha establecido una clara distinción entre los CEEIS y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE). Esta diferenciación se basa en sus respectivos objetivos: mientras que los CEEIE operan con fines lucrativos, los CEEIS están obligados a reinvertir todos sus beneficios en mejorar el acceso al empleo para personas con discapacidad.
CEPES asegura que la categorización de los CEEIS dentro de la Economía Social no implica la eliminación de los CEEIE ni la pérdida de puestos laborales. Los Centros Especiales existentes continuarán funcionando normalmente y seguirán teniendo acceso a ayudas públicas para fomentar la contratación de personas con discapacidad. “La Ley no excluye ningún modelo empresarial ni destruye empleo; simplemente organiza jurídicamente a las entidades según sus principios”, afirma Pedreño.
En cuanto a la contratación pública, ya existe un marco regulatorio bajo la Ley 9/2017 que diferencia entre ambos tipos de centros, permitiendo a los CEEIE participar en igualdad de condiciones. Pedreño aclara que “esta delimitación no introduce nuevas restricciones; los CEEIE pueden acceder a contratos públicos siempre que cumplan con los requisitos establecidos”.
Además, CEPES sostiene que definir claramente a los CEEIS no incrementa el gasto público. Según Pedreño, “la inversión en estos centros genera un retorno económico y social mayor al reducir costos sociales y aumentar ingresos”. Este enfoque ha posicionado a España como líder en promover el empleo para personas con discapacidad desde la perspectiva de la Economía Social.
La reciente Hoja de Ruta por el Empleo de Calidad elaborada por la Comisión Europea refuerza esta visión, destacando las empresas dedicadas a la inclusión social como fuentes importantes de empleo. Estas iniciativas priorizan objetivos sociales sobre el lucro y aseguran una reinversión total de beneficios, lo cual las distingue claramente del modelo empresarial tradicional.
CEPES valora positivamente el avance del Proyecto de Ley Integral y considera crucial continuar trabajando para incorporar elementos fundamentales que fortalezcan su desarrollo. La organización confía en que el debate en el Senado y su posterior retorno al Congreso permitan alcanzar un consenso político más amplio, facilitando mejoras orientadas a maximizar su impacto social y económico.
Es una norma que busca regular y definir el marco jurídico de la Economía Social en España, incluyendo la identificación de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS).
Sí, los CEEIS son entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus beneficios en mejorar el acceso al empleo para personas con discapacidad, mientras que los CEEIE operan con ánimo de lucro.
No, CEPES afirma que la ley no implica la destrucción de empleo ni la exclusión del mercado laboral para las personas con discapacidad. Los CEEIE seguirán operando normalmente.
La regulación busca ofrecer seguridad jurídica y reconocer a las entidades que cumplen con los principios de la Economía Social, garantizando su función social y generación de empleo de calidad.
La Ley 9/2017 ya establece distinciones entre CEEIS y CEEIE en el ámbito de la contratación pública, permitiendo que ambos modelos puedan participar en igualdad de condiciones.
No necesariamente. CEPES sostiene que la inversión pública en CEEIS puede generar un mayor retorno económico y social al reducir costes sociales y aumentar ingresos.
Las políticas europeas refuerzan la importancia de las empresas que promueven la inclusión social, reconociendo a los CEEIS como proveedores de empleo de calidad alineados con estándares europeos.