La Federación Estatal LGTBI+ exige la implementación urgente de la Ley LGTBI+ y la aprobación de una Ley de Familias inclusiva para garantizar el reconocimiento de la diversidad familiar. A pesar de los avances normativos, las familias LGTBI+ enfrentan barreras legales en derechos fundamentales como la filiación y el acceso a ayudas. La falta de visibilidad en el ámbito educativo perpetúa la discriminación y exclusión. La Federación subraya que es esencial contar con un marco legal sólido que proteja los derechos de todas las realidades familiares y combata discursos de odio. Se requiere una voluntad política firme para aplicar efectivamente estas leyes y asegurar la igualdad real.
La Federación Estatal LGTBI+ exige la implementación inmediata de la Ley LGTBI+ y la aprobación de una Ley de Familias que reconozca la diversidad familiar
Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo, la Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente al Gobierno y a todas las administraciones públicas para que cumplan con los compromisos establecidos en la Ley 4/2023, que busca garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. A pesar de los avances normativos en los últimos años, las familias LGTBI+ continúan enfrentando situaciones de invisibilidad, desigualdad legal y discriminación institucional.
Una de las principales inquietudes planteadas por la Federación es la falta de implementación efectiva de las medidas previstas en la Ley LGTBI+, especialmente en el ámbito educativo. Aunque esta norma contempla acciones para visibilizar la diversidad familiar y promover una educación libre de estigmas, las aulas siguen reproduciendo un único modelo familiar. Las familias homoparentales, reconstituidas, trans y monoparentales apenas aparecen en los materiales escolares ni en las dinámicas pedagógicas, lo que perpetúa su invisibilidad y legitima el rechazo. Esta exclusión también se refleja en formularios escolares que solo consideran a “padre” y “madre”, ignorando completamente la pluralidad familiar existente.
A esto se suma la discriminación que muchas familias del colectivo LGTBI+ enfrentan al intentar acceder a derechos básicos. Las parejas de mujeres no casadas siguen encontrando obstáculos para obtener la filiación automática de sus hijas e hijos, a pesar de tener derecho al reconocimiento directo. En muchos casos, se ven obligadas a iniciar procesos judiciales o adoptar a sus propios menores, e incluso enfrentan negaciones de filiación en hospitales y registros civiles, lo que representa una clara vulneración de derechos.
La situación es aún más crítica para las familias monoparentales, muchas pertenecientes al colectivo LGTBI+, que no son reconocidas como familias numerosas. Esto les excluye de importantes apoyos públicos y les somete a discriminación fiscal, así como a dificultades para acceder a permisos laborales, becas y ayudas. Esta desprotección institucional es incompatible con un modelo estatal que aspire a garantizar la igualdad real.
Iván Hernán, coordinador del grupo de familias LGTBI+ de la Federación Estatal LGTBI+, subraya: “No se trata solo de aprobar leyes. Se trata de aplicarlas; queremos que la administración no nos trate como excepciones o casos especiales. La falta de reconocimiento legal tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, afectando aspectos como la crianza y los trámites necesarios para proteger a nuestros hijos”.
Desde la Federación se insiste en que una Ley de Familias que reconozca explícitamente todas las formas familiares es fundamental para garantizar derechos, ofrecer protección efectiva y combatir tanto la discriminación como los discursos de odio. Recientemente, una organización ultraconservadora denunció al Ayuntamiento de Ciudad Real por distribuir materiales escolares con representaciones de familias diversas. Este tipo de ataques pone en evidencia cómo, sin un marco legal sólido, nuestras familias quedan desprotegidas ante situaciones adversas.