La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente para que se implementen políticas públicas basadas en derechos humanos que garanticen la dignidad y calidad de vida de las personas con VIH en España. A pesar de los avances médicos, estas personas enfrentan barreras que limitan su bienestar integral, incluyendo discriminación en el acceso a tratamientos y recursos. La organización exige la eliminación del estigma asociado al VIH y una respuesta que incluya acompañamiento psicológico y social. Además, subrayan la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad y garantizar el acceso universal a la PrEP sin discriminación. La defensa de los derechos de las personas con VIH debe ser prioritaria para asegurar su autonomía y bienestar.
La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente para que se implementen políticas públicas que garanticen la dignidad y calidad de vida de las personas que viven con VIH en España. A pesar de los avances médicos significativos, estas personas siguen enfrentando barreras que vulneran sus derechos fundamentales y limitan su bienestar integral.
En el marco del Día Mundial del Sida, la organización enfatiza que la respuesta al VIH debe ir más allá de un enfoque puramente sanitario. Es necesario adoptar medidas integrales que aborden no solo la salud física, sino también el acompañamiento psicológico y social, así como garantizar igualdad en el acceso a recursos y prestaciones.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación, subraya que “no es aceptable que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas y discriminación en el acceso a derechos básicos”. La presidenta recalca que cualquier respuesta debe fundamentarse en derechos humanos, sin depender de circunstancias o arbitrariedades territoriales.
Por su parte, Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH dentro de la Federación, señala que muchas personas con VIH enfrentan problemas relacionados con la salud mental y dificultades sociales que requieren un enfoque más amplio. “Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico y social para asegurar su bienestar integral”, afirma Sotomayor.
Manel Mora, también coordinador del grupo de VIH, destaca los retos específicos relacionados con el envejecimiento de las personas con VIH. Muchas enfrentan obstáculos para obtener el reconocimiento de discapacidad debido a criterios desactualizados que no consideran adecuadamente las comorbilidades asociadas al virus. Esto impacta negativamente en su autonomía y calidad de vida.
Mora insiste en la necesidad imperiosa de implementar políticas públicas sostenibles que aseguren evaluaciones justas y apoyos adaptados a esta población vulnerable.
La Federación ha expresado su preocupación por las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, especialmente para mujeres y migrantes en situación administrativa irregular. Estas restricciones generan desigualdades significativas en la eficacia preventiva contra el VIH. Por ello, exigen un acceso universal a la PrEP sin discriminación, así como facilitar su dispensación extrahospitalaria.
Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad para reflejar adecuadamente las realidades clínicas derivadas del VIH. Actualmente, muchos no logran alcanzar el grado necesario para acceder a derechos esenciales debido a baremos inadecuados.
La Federación denuncia también la discriminación existente en el acceso a seguros de vida y productos financieros. Estas prácticas carecen tanto de justificación médica como legal, lo que motiva una demanda por un marco regulador firme que sancione comportamientos discriminatorios y proteja los derechos de quienes viven con VIH.
A medida que se avanza hacia un modelo más inclusivo, es crucial erradicar el estigma asociado al VIH. La implementación del Pacto Social contra el Estigma sigue siendo desigual; por lo tanto, se requiere una aplicación efectiva y homogénea por parte de las administraciones públicas.
Finalmente, se hace un llamado a destinar mayores recursos públicos para prevención, diagnóstico precoz y trabajo comunitario. Las entidades sociales han sido fundamentales en la lucha contra el VIH y su labor es esencial para mantener la igualdad y salud pública.
Iglesias concluye afirmando: “La defensa de los derechos de las personas con VIH no puede depender de debates coyunturales ni voluntades cambiantes”. Urge a avanzar hacia un modelo donde nadie enfrente barreras por su estado serológico, asegurando así dignidad, igualdad y derechos humanos sin excepción.
La Federación Estatal LGTBI+ reclama políticas públicas estables, inclusivas y basadas en derechos humanos que aborden no solo la salud, sino también el acompañamiento psicológico, social y comunitario, así como la igualdad en el acceso a recursos y prestaciones.
Las personas con VIH enfrentan barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos, y limitaciones en el acceso a tratamientos y seguros. Estas barreras afectan su bienestar integral y su dignidad.
Se propone garantizar la implementación efectiva del Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación, así como reforzar acciones educativas, sanitarias y sociales necesarias para erradicar el estigma en todos los ámbitos.
Es importante porque muchas personas con VIH enfrentan dificultades para obtener un grado acorde a su situación actual. Los criterios actuales no reflejan adecuadamente las realidades clínicas, sociales y emocionales derivadas del VIH.
Se demandan mayores recursos públicos destinados a prevención, diagnóstico precoz, salud sexual y trabajo comunitario. Las entidades sociales son fundamentales en la respuesta frente al VIH y deben recibir fondos suficientes y estables.