politicas publicas

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado una declaración institucional en apoyo al Día Nacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. La declaración, impulsada por varios ministros, reafirma el compromiso del Gobierno español con los derechos de las personas LGTBI+, destacando a España como líder en la protección de estos derechos en Europa. Se mencionan avances significativos como la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, así como medidas específicas para erradicar la violencia y discriminación hacia este colectivo. Además, se enfatiza la importancia del Orgullo LGTBI como herramienta política contra la injusticia y la intolerancia.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) celebra el III Congreso Nacional One Health en Majadahonda, Madrid, bajo el lema ‘Acción conectando ideas, personas y soluciones’. Este evento busca promover la colaboración entre salud humana, animal y ambiental, abordando temas como políticas públicas, cambio climático y resistencias antimicrobianas. La inauguración contó con la participación de Marina Pollán y Maite Martín, quienes destacaron la importancia del enfoque One Health para enfrentar desafíos globales. Durante tres días, se realizaron diversas sesiones y se presentó una guía para implementar este enfoque en políticas públicas. El congreso concluyó con la entrega de premios a las mejores comunicaciones.

HelpAge International España ha manifestado su preocupación por el inminente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que enfrenta vulnerabilidad residencial. Este caso se suma a otros similares, como el de Mariano Ordaz, de 67 años. La organización subraya que el derecho a una vivienda digna es fundamental para garantizar una vida segura y autónoma en la vejez. Advierte que los desahucios no deben ser considerados solo como problemas administrativos, sino como violaciones de derechos humanos reconocidos en la Constitución española y en leyes internacionales. HelpAge destaca las graves repercusiones que la pérdida de vivienda puede tener en la salud y bienestar de las personas mayores, especialmente mujeres con pensiones insuficientes. La entidad exige la paralización del desahucio y propone medidas para garantizar alternativas habitacionales adecuadas y prevenir la exclusión residencial entre este grupo vulnerable.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Solidaridad Intergeneracional han hecho un llamado para que la cooperación entre generaciones se convierta en un eje central de las políticas públicas. En el marco del Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, ambas organizaciones enfatizan la importancia de una cultura intergeneracional que combata el edadismo y promueva la participación equitativa de todas las edades. Destacan que el envejecimiento debe ser visto como una oportunidad para el aprendizaje y el bienestar, abogando por eliminar barreras que limitan derechos básicos, especialmente en áreas rurales. La PMP y Solidaridad Intergeneracional insisten en que construir una sociedad inclusiva es una responsabilidad colectiva que requiere políticas integradoras y accesibles.

La Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que los discursos de odio dirigidos hacia las personas trans invisibilizan su vulnerabilidad y las discriminaciones que enfrentan. En el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la presidenta Paula Iglesias destacó que casi la mitad de las personas trans están en riesgo de pobreza. Además, se anunció la implementación de un protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral, una medida histórica para proteger a quienes deciden visibilizarse en sus trabajos. La Federación también subrayó la necesidad urgente de políticas públicas para combatir la transfobia y garantizar los derechos de las personas trans, así como el reconocimiento de identidades no binarias y el apoyo a infancias y adolescencias trans.

Expertos analizan el potencial de los nudges para mejorar la salud cardiovascular en España en un informe presentado por la Fundación Gaspar Casal y Daiichi Sankyo. Este estudio destaca cómo pequeñas modificaciones en el entorno pueden facilitar decisiones más saludables sin restringir la libertad individual. A pesar de los avances médicos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de morbilidad en el país, lo que resalta la necesidad de fortalecer estrategias de prevención. La Hoja de Ruta propuesta incluye cinco líneas de acción para implementar nudges en el sistema sanitario, buscando mejorar la adherencia a tratamientos y promover hábitos saludables.

La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente para que se implementen políticas públicas basadas en derechos humanos que garanticen la dignidad y calidad de vida de las personas con VIH en España. A pesar de los avances médicos, estas personas enfrentan barreras que limitan su bienestar integral, incluyendo discriminación en el acceso a tratamientos y recursos. La organización exige la eliminación del estigma asociado al VIH y una respuesta que incluya acompañamiento psicológico y social. Además, subrayan la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad y garantizar el acceso universal a la PrEP sin discriminación. La defensa de los derechos de las personas con VIH debe ser prioritaria para asegurar su autonomía y bienestar.

El Gobierno de España ha lanzado nuevas iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia de género y sus familias. Estas medidas, enmarcadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, buscan garantizar recursos habitacionales adecuados y eliminar barreras burocráticas. Se establecen cinco ejes principales: garantía habitacional inmediata, prioridad en el acceso a vivienda pública, flexibilización de requisitos administrativos, atención a situaciones de especial vulnerabilidad y generación de conocimiento sobre el impacto de la violencia en la vivienda. Además, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye ayudas específicas para este colectivo, asegurando un tratamiento preferente en el acceso a viviendas protegidas y programas de ayuda.

El Imserso está llevando a cabo un estudio nacional sobre los cuidados de larga duración para personas mayores con demencia y sus familias. Este proyecto, en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, busca analizar la calidad de los servicios actuales, identificar necesidades y proponer mejoras. Se solicita la participación de profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario, así como de familias afectadas por la demencia, quienes podrán contribuir mediante entrevistas. La demencia afecta actualmente al 8% de la población mayor de 65 años en España, cifra que podría duplicarse en las próximas décadas, lo que convierte este estudio en una herramienta crucial para mejorar los servicios y políticas públicas relacionadas con esta enfermedad.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Fundación 26 de Diciembre han solicitado la integración de la diversidad LGTBI+ en las políticas de envejecimiento, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ambas organizaciones destacan que las personas mayores LGTBI+ enfrentan discriminación múltiple, lo que afecta su bienestar y acceso a servicios sociales y sanitarios. Reclaman formación obligatoria en diversidad sexual para profesionales del sector, así como la creación de espacios seguros y protocolos para prevenir la discriminación. Además, enfatizan la importancia de incorporar estas realidades en todas las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento, asegurando derechos y protección integral para todos.

El Marco Estratégico Estatal de las Soledades, aprobado el 24 de febrero de 2026, establece un enfoque integral para abordar la soledad no deseada en España. Esta estrategia reconoce que un 20% de la población sufre esta problemática, con picos en jóvenes de 18 a 24 años y personas mayores de 75. Se busca fortalecer los vínculos comunitarios y promover políticas públicas coordinadas para mitigar sus efectos. La participación del tercer sector es crucial en su implementación, y se crea una Mesa Interinstitucional para asegurar una gobernanza efectiva. La estrategia responde a una creciente necesidad social y tiene un impacto significativo en la salud mental y física de los afectados.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que se reunirá al menos dos veces al año. Este nuevo organismo tiene como objetivo mejorar la coordinación y seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención del suicidio, un problema creciente en el país. La iniciativa forma parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que cuenta con una financiación específica de 17,83 millones de euros. El observatorio centralizará información de diversos ámbitos y promoverá investigaciones y evaluaciones continuas para abordar este fenómeno complejo, que es la segunda causa de muerte externa en España.

CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, ha contribuido al informe nacional que España presentará ante Naciones Unidas sobre el envejecimiento. Este informe, que se elabora cada cinco años, es fundamental para evaluar los avances y desafíos en políticas relacionadas con las personas mayores. CEOMA participó activamente en reuniones impulsadas por IMSERSO, donde se discutieron temas críticos como la necesidad de una ley integral para mayores, la lucha contra el edadismo, la sostenibilidad del sistema de cuidados y la atención a la soledad no deseada. Su participación destaca su papel como defensor de los derechos y la dignidad de las personas mayores en un contexto internacional que busca avanzar hacia una Convención de Derechos para este grupo.

Una de cada tres personas LGTBI+ en España ha tenido que sexiliarse o lo ha considerado a lo largo de su vida, según el informe 'Estado del Odio LGTBI+: Sexilio', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca. Este estudio revela que el 13% de los encuestados cambió de residencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género, mientras que un 21,5% lo ha contemplado. La falta de entornos seguros y el miedo a la violencia son factores que impulsan este desplazamiento forzado, afectando especialmente a personas trans y racializadas. El informe destaca la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas para garantizar los derechos humanos del colectivo LGTBI+ en todas las regiones de España.