Discapacidad

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado una inversión de 12,3 millones de euros para concertar 236 plazas en recursos de atención social, enfocadas en personas con trastorno mental grave y discapacidad. Esta inversión incluye 10,3 millones para 76 plazas en centros residenciales en Cáceres y Badajoz, 1,2 millones para habilitación funcional en Cáceres y Mérida, y más de 800.000 euros para un centro ocupacional en Cáceres. Además, se han destinado 2,6 millones a la entidad Mensajeros de la Paz para apoyar proyectos dirigidos a mayores y personas con discapacidad. También se ha anunciado una nueva convocatoria del Programa ESCALA con 37 millones para mejorar la formación y empleo de desempleados.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que destina 6.200 millones de euros para reformar el sistema de dependencia, marcando la mayor inversión histórica en este ámbito. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, aumentará las transferencias a las comunidades autónomas para mejorar la atención a más de 1,6 millones de personas con dependencia. Las cuantías para los diferentes grados de dependencia se incrementarán significativamente, duplicándose para aquellos con mayor necesidad. Además, se busca garantizar que la aportación estatal alcance el 50% del gasto total en dependencia para 2027 y se implementarán cambios estructurales en las leyes relacionadas con la discapacidad y la dependencia. Este plan tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio, reducir listas de espera y crear empleo en el sector.

El Real Patronato sobre Discapacidad ha presentado un estudio que analiza la situación actual de las solicitudes de discapacidad en España, revelando una demanda más diversa y compleja. La edad media de los solicitantes se sitúa en 55 años, con un aumento notable de problemas relacionados con la salud mental y el neurodesarrollo. El informe destaca un cambio en los perfiles de los solicitantes, donde las combinaciones entre diferentes tipos de discapacidad son cada vez más comunes. Este análisis subraya la necesidad de políticas inclusivas adaptadas a estas nuevas realidades sociales y demográficas, así como el refuerzo en los sistemas de valoración y atención a la discapacidad para mejorar la calidad de vida y participación de las personas afectadas.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha abogado por una aprobación rápida y consensuada de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia durante su participación en el Consejo Protectorado de la ONCE. Destacó la importancia de esta reforma como un avance significativo en la dignidad e inclusión social. Además, anunció que se presentará una nueva versión del Real Decreto sobre etiquetado en braille, enfatizando que la accesibilidad es un derecho fundamental. La reunión busca fortalecer la colaboración entre el Gobierno y la ONCE para desarrollar políticas sociales efectivas.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participa en el proyecto europeo INTEGRA, enfocado en la telemedicina para mejorar la rehabilitación de personas con discapacidad. Este proyecto, desarrollado desde la Unidad de Telemedicina y Salud Digital del ISCIII, busca crear un ecosistema de tele-rehabilitación escalable que optimice la atención primaria y comunitaria en la Unión Europea. La iniciativa se centra en reducir las disparidades en el acceso a servicios de rehabilitación, especialmente en áreas rurales y desatendidas. Se espera que este enfoque contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus cuidadores mediante soluciones tecnológicas innovadoras.

La lista de espera del Sistema de Dependencia ha disminuido casi un 20% en el último año, alcanzando un récord histórico de 152.693 personas atendidas. Según el Panel del SAAD, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, el número de personas en espera se redujo un 12,4% en el último trimestre y un 51% desde 2020. A su vez, las solicitudes han aumentado un 7,4% debido a la presión demográfica. La financiación para la dependencia ha superado los 3.700 millones de euros, con un crecimiento del 150% en cinco años. El tiempo medio de tramitación también ha mejorado, situándose en 341 días. Estos avances reflejan una tendencia positiva hacia la mejora en la atención y gestión del sistema, priorizando cuidados más cercanos y personalizados.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha anunciado la concesión de subvenciones por un total de 5.863.040 euros para apoyar a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro que trabajen en favor de personas mayores y personas con discapacidad. Estas subvenciones se dividen en dos líneas: una destinada a la atención de personas mayores, con un enfoque en el envejecimiento saludable y el fomento del voluntariado sénior, y otra para programas de turismo y termalismo accesibles para personas con discapacidad, promoviendo su integración social. Las entidades beneficiarias deberán tener implantación estatal y las resoluciones serán notificadas a partir de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución hasta finales de 2026.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma integral de las leyes de discapacidad y dependencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esta reforma busca ofrecer más derechos y servicios a las personas en situación de dependencia y discapacidad, reduciendo la burocracia. Se establece que la Administración General del Estado asumirá el 50% de la financiación del sistema de dependencia, lo que garantiza un aumento significativo en los recursos destinados a este sector. El ministro Bustinduy ha destacado que esta es la mayor reforma social del siglo en España, orientada a mejorar la calidad de vida y autonomía de estas personas. La ley incluye medidas como la eliminación de incompatibilidades en prestaciones, la regulación de la asistencia personal y el reconocimiento automático de discapacidad para quienes tengan grado I o II de dependencia. Además, se reconoce la accesibilidad universal como un derecho y se prohíbe la discriminación en seguros para personas con discapacidad.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a los grupos parlamentarios del Congreso a aprobar con amplio consenso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta reforma busca desarrollar el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, y mejorar la atención a personas mayores y con discapacidad. La PMP propone reducir tiempos de espera, simplificar procedimientos y asegurar una financiación adecuada para corregir desigualdades territoriales. Además, enfatiza la importancia de situar a la persona en el centro del sistema y modernizar los servicios de ayuda a domicilio, promoviendo un modelo de atención centrado en la persona. La organización considera vital que esta iniciativa legislativa cuente con un respaldo mayoritario para fortalecer los derechos y el bienestar de las personas afectadas.

El Ministerio de Igualdad ha presentado un informe que analiza la situación de vulnerabilidad de diversas mujeres frente a las violencias machistas. Este estudio, realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, profundiza en los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, centrándose en grupos específicos como mujeres con discapacidad, gitanas, extranjeras, jóvenes y mayores de 65 años. Los hallazgos revelan que las mujeres con discapacidad sufren violencia física y sexual en mayor proporción que aquellas sin discapacidad. Además, se observan diferencias significativas en la prevalencia de violencia entre mujeres gitanas y no gitanas, así como entre mujeres nacidas en España y en el extranjero. El informe destaca también que las jóvenes son las más afectadas por diferentes formas de violencia, aunque presentan las tasas más bajas de denuncia.

El Tribunal Supremo ha solicitado al Gobierno una reforma del delito de abandono en el Código Penal para incluir la protección de personas con discapacidad física. Esta petición surge tras la absolución de una mujer condenada por desatender a un hombre con importantes limitaciones físicas, quien dependía de su cuidado. La sentencia destaca que la normativa actual solo protege a menores y personas con discapacidad mental o intelectual, dejando desprotegidos a aquellos con discapacidades físicas severas. El tribunal argumenta que estas situaciones generan alta vulnerabilidad y requieren una revisión legislativa para evitar discriminaciones en la protección penal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la financiación de 35 proyectos innovadores con un total de 56 millones de euros, destinados a transformar el modelo de cuidados en la comunidad. Esta inversión, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, reafirma al Ministerio como líder en innovación social. Los proyectos buscan mejorar la calidad de vida y garantizar derechos fundamentales, destacando iniciativas como el Proyecto CASA para niños en situación de tutela y programas para facilitar el acceso a viviendas para personas mayores. Además, se ha presentado la 'Cartera de innovaciones', que compila aprendizajes de proyectos anteriores para orientar políticas públicas y fomentar un cambio significativo en los cuidados. La Plataforma Vidas se establece como un espacio colaborativo para impulsar estas iniciativas.

CEPES reafirma que la Ley Integral de Economía Social no amenaza el empleo de personas con discapacidad. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social destaca la importancia de definir claramente los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores clave en este ámbito. A pesar de su reciente aprobación en el Congreso, CEPES asegura que esta ley no implica la desaparición de los Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro ni afecta negativamente a la contratación de personas con discapacidad. La normativa busca ofrecer seguridad jurídica y resaltar la función social de los CEEIS, garantizando su papel en la inclusión laboral y el desarrollo económico.

El Ministerio de Derechos Sociales y la Confederación Plena Inclusión España han firmado un convenio para promover la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en la Administración. Este acuerdo, que se implementará a partir de febrero de 2024, incluye un proyecto piloto que contará con preparadores laborales que acompañarán a estos trabajadores en su incorporación, analizando sus capacidades y adaptando las tareas necesarias. Se busca garantizar el derecho a una inclusión profesional plena, reservando anualmente al menos el 10% de las plazas para personas con discapacidad, de las cuales un mínimo del 2% será para quienes tengan discapacidad intelectual. Además, se evaluará la viabilidad de extender este modelo a otros ministerios. La Unidad de Inclusión del Ministerio ha sido clave en esta iniciativa, promoviendo cambios culturales hacia la inclusión laboral y mejorando la accesibilidad en el entorno laboral.