El Tribunal Supremo ha solicitado al Gobierno una reforma del delito de abandono en el Código Penal para incluir la protección de personas con discapacidad física. Esta petición surge tras la absolución de una mujer condenada por desatender a un hombre con importantes limitaciones físicas, quien dependía de su cuidado. La sentencia destaca que la normativa actual solo protege a menores y personas con discapacidad mental o intelectual, dejando desprotegidos a aquellos con discapacidades físicas severas. El tribunal argumenta que estas situaciones generan alta vulnerabilidad y requieren una revisión legislativa para evitar discriminaciones en la protección penal.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la financiación de 35 proyectos innovadores con un total de 56 millones de euros, destinados a transformar el modelo de cuidados en la comunidad. Esta inversión, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, reafirma al Ministerio como líder en innovación social. Los proyectos buscan mejorar la calidad de vida y garantizar derechos fundamentales, destacando iniciativas como el Proyecto CASA para niños en situación de tutela y programas para facilitar el acceso a viviendas para personas mayores. Además, se ha presentado la 'Cartera de innovaciones', que compila aprendizajes de proyectos anteriores para orientar políticas públicas y fomentar un cambio significativo en los cuidados. La Plataforma Vidas se establece como un espacio colaborativo para impulsar estas iniciativas.
CEPES reafirma que la Ley Integral de Economía Social no amenaza el empleo de personas con discapacidad. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social destaca la importancia de definir claramente los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores clave en este ámbito. A pesar de su reciente aprobación en el Congreso, CEPES asegura que esta ley no implica la desaparición de los Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro ni afecta negativamente a la contratación de personas con discapacidad. La normativa busca ofrecer seguridad jurídica y resaltar la función social de los CEEIS, garantizando su papel en la inclusión laboral y el desarrollo económico.
El Ministerio de Derechos Sociales y la Confederación Plena Inclusión España han firmado un convenio para promover la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en la Administración. Este acuerdo, que se implementará a partir de febrero de 2024, incluye un proyecto piloto que contará con preparadores laborales que acompañarán a estos trabajadores en su incorporación, analizando sus capacidades y adaptando las tareas necesarias. Se busca garantizar el derecho a una inclusión profesional plena, reservando anualmente al menos el 10% de las plazas para personas con discapacidad, de las cuales un mínimo del 2% será para quienes tengan discapacidad intelectual. Además, se evaluará la viabilidad de extender este modelo a otros ministerios. La Unidad de Inclusión del Ministerio ha sido clave en esta iniciativa, promoviendo cambios culturales hacia la inclusión laboral y mejorando la accesibilidad en el entorno laboral.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) se ha unido al manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), demandando una "Europa social" más inclusiva para las personas mayores con discapacidad. En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la PMP destaca que casi el 60% de las personas con discapacidad en España son mayores de 65 años, lo que resalta la necesidad urgente de políticas específicas que aborden sus desafíos. La PMP reclama mejoras en accesibilidad, fiscalidad inclusiva y un enfoque social en las políticas europeas para garantizar derechos y dignidad a este colectivo vulnerable.
El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha otorgado 5.176.882 euros en ayudas directas a 1.113 personas con discapacidad a través del Programa Reina Letizia para la Inclusión. Estas ayudas están diseñadas para eliminar barreras en el acceso a la educación, cubriendo gastos como asistencia personal, intérpretes de lengua de signos y recursos tecnológicos. La iniciativa busca fomentar la educación inclusiva y mejorar las oportunidades laborales para este colectivo, prestando especial atención a grupos vulnerables como mujeres con discapacidad y personas con grandes necesidades de apoyo. La mayoría de los beneficiarios son jóvenes menores de 31 años y se distribuyen principalmente en comunidades como Andalucía y Madrid.
El Gobierno español destina 5 millones de euros a proyectos de Inteligencia Artificial con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó la importancia de estas iniciativas para promover la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades. Esta inversión forma parte del compromiso del gobierno por impulsar la transformación digital en el ámbito público.
|
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participa en el proyecto europeo INTEGRA, enfocado en la telemedicina para mejorar la rehabilitación de personas con discapacidad. Este proyecto, desarrollado desde la Unidad de Telemedicina y Salud Digital del ISCIII, busca crear un ecosistema de tele-rehabilitación escalable que optimice la atención primaria y comunitaria en la Unión Europea. La iniciativa se centra en reducir las disparidades en el acceso a servicios de rehabilitación, especialmente en áreas rurales y desatendidas. Se espera que este enfoque contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus cuidadores mediante soluciones tecnológicas innovadoras.
La lista de espera del Sistema de Dependencia ha disminuido casi un 20% en el último año, alcanzando un récord histórico de 152.693 personas atendidas. Según el Panel del SAAD, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, el número de personas en espera se redujo un 12,4% en el último trimestre y un 51% desde 2020. A su vez, las solicitudes han aumentado un 7,4% debido a la presión demográfica. La financiación para la dependencia ha superado los 3.700 millones de euros, con un crecimiento del 150% en cinco años. El tiempo medio de tramitación también ha mejorado, situándose en 341 días. Estos avances reflejan una tendencia positiva hacia la mejora en la atención y gestión del sistema, priorizando cuidados más cercanos y personalizados.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha anunciado la concesión de subvenciones por un total de 5.863.040 euros para apoyar a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro que trabajen en favor de personas mayores y personas con discapacidad. Estas subvenciones se dividen en dos líneas: una destinada a la atención de personas mayores, con un enfoque en el envejecimiento saludable y el fomento del voluntariado sénior, y otra para programas de turismo y termalismo accesibles para personas con discapacidad, promoviendo su integración social. Las entidades beneficiarias deberán tener implantación estatal y las resoluciones serán notificadas a partir de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución hasta finales de 2026.
Fundación ONCE, Inserta Empleo y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+) han firmado un convenio para defender los derechos de las personas LGTBI+ con discapacidad. Este acuerdo busca combatir la discriminación múltiple que enfrentan estos grupos y promover su inclusión social. Las entidades colaborarán en la creación de un programa que aborde la exclusión, fomente la accesibilidad universal y mejore la empleabilidad, especialmente de las personas trans con discapacidad. Además, se proponen trabajar por un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos vulnerables.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) celebra la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que introduce avances significativos en la protección de los derechos de los consumidores vulnerables. Esta norma busca garantizar principios como accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación, especialmente para personas mayores y con discapacidad. Entre sus novedades, se destaca la obligación de ofrecer un servicio gratuito y accesible, así como la posibilidad de elegir el formato de comunicación más adecuado para cada usuario. La ley también incluye medidas para asegurar una atención prioritaria y prohíbe cortes de llamadas por tiempos de espera prolongados. La PMP considera que esta legislación representa un paso hacia una atención más humana y adaptada a las necesidades diversas de la población.
En Gaza, al menos 21.000 de los 40.500 niños afectados por el conflicto han quedado discapacitados debido a bombardeos y agresiones militares en casi dos años de guerra. Un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que estos menores enfrentan condiciones de evacuación inseguras y carecen de servicios esenciales, lo que ha resultado en muertes y un aumento alarmante de problemas de salud mental. La falta de acceso a ayuda humanitaria agrava la situación, dejando a muchos sin alimentos ni atención adecuada. Los expertos instan a garantizar corredores seguros para la evacuación y a permitir la entrada de suministros esenciales, así como a adoptar prácticas inclusivas en la distribución de ayuda.
UNICEF destinará el 10% de su presupuesto a la inclusión de niños con discapacidad, reafirmando su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad durante la Cumbre Mundial sobre la Discapacidad. La organización apoyará a diversos países en áreas como desarrollo, educación, recopilación de datos, acceso a tecnología y servicios de protección social. Este esfuerzo busca garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a oportunidades equitativas.
|
