El servicio 016, dedicado a la atención y asesoramiento sobre violencia de género, ha recibido 59.317 consultas entre enero y junio de 2025, lo que equivale a una media de 329,3 atenciones diarias. Este servicio, gestionado por el Ministerio de Igualdad, ofrece apoyo a víctimas y sus entornos a través de llamadas, WhatsApp, chats online y correos electrónicos. Las víctimas representan el 76,3% de las consultas. La ministra Ana Redondo ha subrayado la importancia de este servicio durante los meses de verano, cuando se incrementan las agresiones. El 016 es gratuito, confidencial y disponible las 24 horas en múltiples idiomas, brindando información sobre recursos y derechos para las víctimas de violencia machista.
El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato de una mujer de 78 años en Navarra, presuntamente a manos de su pareja. Este trágico suceso, ocurrido el 29 de julio de 2025, eleva a 23 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año y a 1.317 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su rechazo ante este crimen y han instado a la sociedad a redoblar esfuerzos para prevenir más muertes. Se recuerda que existen recursos disponibles como el teléfono 016 para asesoramiento sobre violencia de género.
La campaña institucional contra la violencia de género, titulada "¿Vas a hacer algo?", busca sensibilizar y movilizar a la sociedad sobre esta problemática. Lanzada por el Ministerio de Igualdad, la iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de España para promover la igualdad y proteger los derechos sociales. Esta campaña se presenta como un llamado a la acción para que todos los ciudadanos participen activamente en la lucha contra la violencia de género.
El 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se están ofreciendo en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento significativo en servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, que han aumentado un 119% y un 42,5% respectivamente desde 2020. En los últimos cinco años, las prestaciones totales han crecido un 54%, alcanzando más de 2.2 millones. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha enfatizado la necesidad de una reforma legislativa para mejorar la personalización de los cuidados y eliminar incompatibilidades entre prestaciones. A pesar del avance hacia un modelo más integral, aún persisten retos como el tiempo medio de gestión de solicitudes, que sigue siendo elevado.
El Ministerio de Consumo se une a 35 países en la lucha contra el "ecopostureo" de las aerolíneas, una iniciativa que busca combatir el greenwashing. Esta acción tiene como objetivo garantizar que las comunicaciones de las compañías aéreas sean veraces, claras y respaldadas por evidencias científicas sólidas.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha presidido un acto en Madrid para conmemorar el primer aniversario de la reforma del Artículo 49 de la Constitución Española, que amplía derechos a las personas con discapacidad y elimina el término "disminuido". Este evento, titulado "Discapacidad con Derechos", reunió a destacados expertos y activistas en el ámbito de la accesibilidad. Bustinduy destacó el consenso político que permitió esta reforma, considerada histórica por su enfoque social. Además, se presentó un anteproyecto que reformará la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia, garantizando derechos fundamentales como la no discriminación en seguros y promoviendo la accesibilidad universal. La reforma ha posicionado a España como un referente internacional en derechos de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Igualdad de España ha presentado un estudio pionero sobre la situación de las personas LGTBI+ con discapacidad, realizado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales. Este informe revela que el 78% de los encuestados ha sufrido discriminación en el ámbito educativo y un 46% en la atención sanitaria. La ministra Ana Redondo destacó la importancia de este estudio para avanzar en derechos y políticas públicas que promuevan la igualdad y eliminen obstáculos para este colectivo. Los resultados servirán para definir estrategias que garanticen la no discriminación y mejoren la calidad de vida de las personas LGTBI+ con discapacidad.
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El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato por violencia de género de una mujer de 34 años en Badajoz, cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de agosto de 2025. La víctima, madre de cuatro hijas menores, había presentado denuncias previas contra su pareja, el presunto agresor. Este caso eleva a 24 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y a 1.318 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su rechazo ante este crimen y han instado a la sociedad a redoblar esfuerzos para prevenir más muertes. Se recuerda que existen recursos disponibles para las víctimas, incluyendo líneas telefónicas y servicios de apoyo accesibles las 24 horas.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y representa un incremento de más de 40 millones en comparación con el año anterior. Los recursos se repartirán teniendo en cuenta criterios como la población dependiente y en riesgo de pobreza, y serán gestionados por las comunidades autónomas para subvencionar entidades del Tercer Sector que cumplan con los requisitos establecidos.
El Consejo de Ministros ha aprobado las primeras estrategias estatales LGTBI y trans, propuestas por el Ministerio de Igualdad, en cumplimiento de la Ley 4/2023. Estas estrategias tienen un carácter cuatrienal y buscan garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y trans, así como eliminar la discriminación y prevenir la violencia LGTBIfóbica. La Estrategia LGTBI se centrará en la colaboración entre administraciones y la sociedad civil, mientras que la Estrategia trans abordará específicamente las necesidades del colectivo trans en áreas como el empleo, la educación y la salud. Ambas iniciativas se desarrollaron mediante un proceso participativo con diversas entidades y expertos.
El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo servicio destinado a facilitar la comunicación para personas sordas o con dificultades en el habla. Este canal de atención escrita permitirá una comunicación telefónica accesible, mejorando así la inclusión y el acceso a servicios para este colectivo. La iniciativa forma parte del compromiso del gobierno con los derechos sociales y la Agenda 2030.
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación ante las denuncias de usuarios sobre posibles incrementos en los precios de los vehículos de transporte con conductor (VTC) tras el apagón declarado en varias comunidades autónomas. Esta acción busca esclarecer si se han producido abusos en la tarifa durante la emergencia. Para más información, visita el enlace.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, con el objetivo de revertir recortes anteriores y garantizar más derechos a las personas afectadas. Esta reforma elimina el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y el plazo suspensivo para cuidados familiares, ampliando el catálogo de servicios disponibles. Se reconoce la teleasistencia como un derecho universal y se establecen nuevos servicios, como asistencia personal y apoyo en vivienda. Además, se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros y se garantiza la accesibilidad universal. Este cambio legislativo busca promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de casi 2 millones de personas dependientes en España.
El Ministerio de Igualdad de España ha abierto un expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que señala la realización de cursos y talleres de conversión sexual en varias diócesis. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles. La ley 4/2023 prohíbe estas prácticas y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150,000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos. Se busca abrir un debate social sobre el impacto negativo de estas terapias en la comunidad LGTBI+.
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