Un reciente convenio firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Confederación Plena Inclusión España busca impulsar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en la Administración General del Estado. Este acuerdo, que se formalizó el 3 de diciembre, establece un proyecto piloto que contará con la figura de preparadores laborales, quienes desempeñarán funciones clave para facilitar esta inclusión.
Los preparadores laborales serán responsables de acompañar a los nuevos empleados con discapacidad intelectual en su proceso de incorporación. Entre sus tareas se incluye el análisis de los puestos disponibles y la adaptación de las funciones a las capacidades individuales de cada persona. Además, realizarán un seguimiento continuo del bienestar y satisfacción de los trabajadores, así como ofrecerán formación específica y apoyo al equipo en el que se integren.
Objetivos del Proyecto Piloto
Este proyecto tiene como objetivo garantizar que al menos un 10% de las plazas en la Administración sean ocupadas por personas con discapacidad, asegurando que un mínimo del 2% corresponda a aquellos con discapacidad intelectual. Con este enfoque, se pretende no solo aumentar la representación de estas personas en el ámbito laboral público, sino también fomentar su desarrollo profesional y personal.
A lo largo del próximo año, se prevé la incorporación de quince nuevos trabajadores con discapacidad intelectual al Ministerio, sumándose a las once personas ya empleadas. La implementación de este programa busca evaluar la viabilidad del empleo con apoyo como una práctica estándar en todos los ministerios y organismos gubernamentales.
Fortalecimiento de las Unidades de Inclusión
El Ministerio ha sido pionero en establecer Unidades de Inclusión, diseñadas para asegurar la adaptación adecuada de los puestos y brindar apoyo especializado a los empleados con discapacidad. Desde su creación en febrero de 2024, estas unidades han trabajado para definir competencias claras y promover un entorno laboral inclusivo.
A través de colaboraciones interdepartamentales, se han identificado recursos formativos y apoyos necesarios para facilitar esta transición hacia una cultura organizacional más inclusiva. La unidad ha servido como modelo para otras áreas dentro de la Administración General del Estado, trabajando junto a la Dirección General de Función Pública para estandarizar prácticas inclusivas en toda la organización.
Este convenio representa un paso significativo hacia una administración más accesible e inclusiva, donde el talento y las capacidades individuales son valorados por encima de cualquier limitación.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el convenio firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Plena Inclusión?
El convenio tiene como objetivo garantizar la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en la Administración General del Estado, mediante la implementación de un proyecto piloto que incluye la figura de preparadores laborales.
¿Cuáles son las funciones de los preparadores laborales?
Los preparadores laborales acompañarán a las personas con discapacidad en su incorporación al puesto de trabajo, analizarán las funciones que pueden ocupar y adaptarán las tareas según las capacidades individuales. También realizarán un seguimiento del proceso y ofrecerán formación a los equipos de trabajo.
¿Qué porcentaje de plazas se reserva para personas con discapacidad en la Administración?
Cada año se reserva un porcentaje no inferior al 10% de las plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad, de las cuales al menos el 2% deben ser ocupadas por personas con discapacidad intelectual.
¿Cuándo se creó la Unidad de Inclusión en el Ministerio?
La Unidad de Inclusión fue creada en febrero de 2024, con el objetivo de apoyar la inclusión laboral y asegurar la adaptación de los puestos para personas con discapacidad.
¿Cuál es el propósito del proyecto piloto mencionado en la noticia?
El propósito del proyecto piloto es evaluar la viabilidad del empleo con apoyo en la Administración, así como asegurar una plena inclusión profesional para las personas con discapacidad intelectual.
Si (
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