Reforma

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso de audiencia pública para un nuevo real decreto que modifica la relación laboral de los residentes en Ciencias de la Salud, vigente desde 2006. Esta reforma busca mejorar las condiciones laborales al limitar las horas de guardia, establecer descansos mínimos y actualizar las retribuciones. Se reconoce el derecho a conocer la planificación de la jornada con antelación y se establecen límites en las horas de trabajo semanales. Además, se refuerzan los aspectos formativos de las guardias y se implementan medidas para prevenir riesgos psicosociales en los residentes. La entrada en vigor del decreto está prevista para septiembre de 2027, mientras que los cambios en el régimen retributivo comenzarán en enero de 2027.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a los grupos parlamentarios del Congreso a aprobar con amplio consenso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta reforma busca desarrollar el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, y mejorar la atención a personas mayores y con discapacidad. La PMP propone reducir tiempos de espera, simplificar procedimientos y asegurar una financiación adecuada para corregir desigualdades territoriales. Además, enfatiza la importancia de situar a la persona en el centro del sistema y modernizar los servicios de ayuda a domicilio, promoviendo un modelo de atención centrado en la persona. La organización considera vital que esta iniciativa legislativa cuente con un respaldo mayoritario para fortalecer los derechos y el bienestar de las personas afectadas.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que destina 6.200 millones de euros para reformar el sistema de dependencia, marcando la mayor inversión histórica en este ámbito. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, aumentará las transferencias a las comunidades autónomas para mejorar la atención a más de 1,6 millones de personas con dependencia. Las cuantías para los diferentes grados de dependencia se incrementarán significativamente, duplicándose para aquellos con mayor necesidad. Además, se busca garantizar que la aportación estatal alcance el 50% del gasto total en dependencia para 2027 y se implementarán cambios estructurales en las leyes relacionadas con la discapacidad y la dependencia. Este plan tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio, reducir listas de espera y crear empleo en el sector.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha abogado por una aprobación rápida y consensuada de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia durante su participación en el Consejo Protectorado de la ONCE. Destacó la importancia de esta reforma como un avance significativo en la dignidad e inclusión social. Además, anunció que se presentará una nueva versión del Real Decreto sobre etiquetado en braille, enfatizando que la accesibilidad es un derecho fundamental. La reunión busca fortalecer la colaboración entre el Gobierno y la ONCE para desarrollar políticas sociales efectivas.