personas mayores

España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, enfatizó que "envejecer es una cuestión de derechos humanos" y abogó por un marco jurídico internacional que garantice la dignidad y autonomía de este grupo, que representará un tercio de la población española en 2050. La jornada reunió a representantes del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes discutieron la necesidad de avanzar hacia una protección integral de los derechos de las personas mayores. Se anunció también una próxima reunión en Ginebra para establecer el Grupo de Trabajo intergubernamental encargado de la Convención.

España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante un evento en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer es un derecho humano y abogó por un marco jurídico internacional que garantice la dignidad y autonomía de este grupo, que representará un tercio de la población española en 2050. La jornada también incluyó intervenciones del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes subrayaron la necesidad de una protección integral para los derechos de las personas mayores. Se anunció que España liderará el próximo encuentro en Ginebra para avanzar en esta iniciativa.

El Teléfono Contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores de CONFEMAC ha atendido 653 casos en 2025, superando los 3.700 desde su inicio. Este incremento refleja un mayor conocimiento social del recurso, lo que facilita la detección de situaciones de abuso y maltrato. Andalucía sigue siendo la comunidad con más casos, mientras que Madrid destaca por su aumento significativo en consultas. El maltrato psicológico es el más reportado, aunque se observa un crecimiento en negligencias. La implicación comunitaria ha aumentado, evidenciando una mayor sensibilización sobre el problema. Para 2026, el servicio contará con apoyo gubernamental, lo que permitirá fortalecer la respuesta ante estas vulneraciones de derechos.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha anunciado la concesión de subvenciones por un total de 5.863.040 euros para apoyar a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro que trabajen en favor de personas mayores y personas con discapacidad. Estas subvenciones se dividen en dos líneas: una destinada a la atención de personas mayores, con un enfoque en el envejecimiento saludable y el fomento del voluntariado sénior, y otra para programas de turismo y termalismo accesibles para personas con discapacidad, promoviendo su integración social. Las entidades beneficiarias deberán tener implantación estatal y las resoluciones serán notificadas a partir de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución hasta finales de 2026.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas de España (PMP) ha solicitado al PSOE su apoyo para impulsar una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. Durante un encuentro con Milagros Tolón, secretaria de Políticas Sociales del PSOE, se discutieron las prioridades en la protección de los derechos y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad. La PMP enfatizó la necesidad de recursos suficientes y mecanismos efectivos para garantizar dignidad y participación plena. También se abordaron reformas legislativas pendientes, como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, se pidió un Plan Integral de políticas públicas ante el envejecimiento y propuestas centradas en suficiencia económica, brecha digital, vivienda y violencia de género.

Un estudio reciente revela que la baja potencia muscular, evaluada mediante la prueba de levantarse y sentarse, está asociada con un mayor riesgo de caídas, fracturas y hospitalización en personas mayores. Investigadores del CIBERFES han desarrollado la aplicación gratuita PowerFrail, que permite medir rápidamente esta potencia muscular y facilitar intervenciones preventivas. La detección temprana de factores de riesgo es crucial para promover un envejecimiento saludable y reducir eventos adversos como caídas y hospitalizaciones. Para más información, visita el enlace.

La Asociación Columbares y la Fundación HelpAge International España han firmado un convenio de colaboración para fortalecer la promoción y defensa de los derechos de las personas mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad social. Esta alianza permitirá a ambas organizaciones trabajar juntas en iniciativas que fomenten el envejecimiento activo y saludable, combatan el edadismo y ofrezcan formación sobre estos temas. El acuerdo refleja un compromiso compartido hacia una sociedad inclusiva, donde se garantizan los derechos de todas las personas a lo largo de su vida.

Bruselas acoge un diálogo europeo para fortalecer los derechos de las personas mayores, impulsado por HelpAge International España. Durante su visita, se participó en un encuentro regional sobre una futura Convención Internacional que busca mejorar la protección de este grupo. El evento reunió a representantes de diversas instituciones y organizaciones, quienes discutieron las lagunas en la protección actual y compartieron experiencias. Además, se llevó a cabo una reunión en el Parlamento Europeo con la eurodiputada Idoia Mendia para abordar el papel de la Unión Europea en este proceso. Se destacó el creciente consenso sobre la necesidad de revisar y promover un diálogo internacional estructurado sobre los derechos de las personas mayores.

La vacunación contra la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud pública, evitando aproximadamente 20 millones de muertes a nivel global en su primer año. En Europa, se salvaron 1,6 millones de vidas y en España, cerca de 127.000 personas mayores de 25 años podrían haber fallecido sin esta intervención. A pesar de que la protección frente a infecciones leves puede disminuir con el tiempo y nuevas variantes como Ómicron, la efectividad de las vacunas para prevenir hospitalizaciones y muertes se mantiene alta, especialmente con dosis de refuerzo. La vacunación ha sido crucial para proteger a las personas mayores y residentes en centros de larga estancia, evitando miles de muertes e infecciones. Además, ha generado importantes ahorros económicos en el sistema sanitario. Se recomienda que durante la campaña 2025-2026 se vacunen las personas más vulnerables, incluyendo mayores de 70 años y aquellos con enfermedades crónicas. Las vacunas no solo han salvado vidas, sino que también han ayudado a evitar el colapso del sistema sanitario y facilitar el regreso a la normalidad.

El edadismo en el entorno sanitario y sociosanitario es una forma de discriminación que afecta principalmente a las personas mayores, limitando su acceso a servicios y la calidad de atención. Un artículo de la Revista Actas de Fundación Caser analiza cómo esta práctica se manifiesta de manera estructural, vulnerando derechos humanos fundamentales como la dignidad y la igualdad. Se destacan problemas como el trato diferenciado por edad, barreras en el acceso a tratamientos y la falta de respeto hacia la autonomía personal. La experiencia del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) evidencia patrones recurrentes de discriminación, subrayando la necesidad de un enfoque centrado en los derechos humanos para garantizar una atención adecuada y equitativa para las personas mayores. El artículo concluye con recomendaciones para erradicar el edadismo institucional y promover un modelo de atención que respete plenamente los derechos de este grupo.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) se ha unido al manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), demandando una "Europa social" más inclusiva para las personas mayores con discapacidad. En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la PMP destaca que casi el 60% de las personas con discapacidad en España son mayores de 65 años, lo que resalta la necesidad urgente de políticas específicas que aborden sus desafíos. La PMP reclama mejoras en accesibilidad, fiscalidad inclusiva y un enfoque social en las políticas europeas para garantizar derechos y dignidad a este colectivo vulnerable.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) celebra la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que introduce avances significativos en la protección de los derechos de los consumidores vulnerables. Esta norma busca garantizar principios como accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación, especialmente para personas mayores y con discapacidad. Entre sus novedades, se destaca la obligación de ofrecer un servicio gratuito y accesible, así como la posibilidad de elegir el formato de comunicación más adecuado para cada usuario. La ley también incluye medidas para asegurar una atención prioritaria y prohíbe cortes de llamadas por tiempos de espera prolongados. La PMP considera que esta legislación representa un paso hacia una atención más humana y adaptada a las necesidades diversas de la población.

La Fundación Mutualidad, a través de su Directora General Blanca Narváez, destaca la importancia de abordar el edadismo en el ámbito jurídico para garantizar la autonomía, igualdad y dignidad de las personas mayores. En su Plan Estratégico 2024-2027, se proponen diez objetivos centrados en erradicar el edadismo, proteger a este colectivo y promover una cultura del ahorro. La Fundación busca crear un ecosistema colaborativo que beneficie a los más vulnerables mediante la educación financiera y programas de sensibilización para profesionales del derecho. Además, se plantea la figura del "experto facilitador" para asegurar que las personas mayores puedan ejercer sus derechos sin barreras tecnológicas ni prejuicios. Este enfoque integral es clave para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la sociedad actual.

La creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un avance significativo en la lucha por una Convención que proteja los derechos de las personas mayores. Este grupo se encargará de redactar un tratado internacional vinculante, con la primera reunión organizativa programada para febrero de 2026. Es crucial que el proceso sea inclusivo y refleje las experiencias de las personas mayores a nivel mundial, garantizando su participación activa desde el inicio. Las sesiones sustantivas del IGWG se llevarán a cabo en julio y octubre de 2026, donde se definirán los principios y el alcance de la futura convención. La transparencia y la accesibilidad son fundamentales para asegurar que todas las voces sean escuchadas y representadas adecuadamente.