El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado criterios para la distribución de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Estos fondos se centran en derechos humanos, equidad y atención comunitaria, exigiendo a las comunidades autónomas que presenten proyectos que prioricen la dignidad y autonomía de los usuarios. Las iniciativas deben abordar desigualdades sociales en salud mental y no financiarán aumentos de camas hospitalarias. Se busca fomentar la participación activa de usuarios y familias en el diseño y evaluación de proyectos, alineándose con la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que prioriza la gestión pública en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que permitió la gestión privada. Esta normativa busca garantizar un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad, estableciendo la gestión directa como modelo fundamental. La ley introduce mecanismos de control, como evaluaciones previas obligatorias y un informe de sostenibilidad para contratos de concesión. Además, se fomentará la transparencia mediante la publicación anual de indicadores de salud y se apoyará a las administraciones en la reversión a gestión pública directa. La ley entrará en vigor veinte días después de su publicación en el BOE.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado que la atención a la salud bucodental se integre plenamente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y deje de ser un lujo. En el contexto del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se celebra el 20 de marzo, la PMP ha destacado que la falta de cobertura pública en este ámbito afecta especialmente a las personas mayores y con discapacidad. A pesar de algunos avances recientes, como la inclusión de mayores de 65 años en los fondos para salud bucodental, la organización considera estas medidas insuficientes. La PMP exige un plan estable de financiación y subvenciones para tratamientos dentales dirigidos a personas mayores con bajos recursos, enfatizando que la salud bucal es esencial para una vida digna y saludable. Además, han alertado sobre la vulnerabilidad de los usuarios de servicios dentales privados y han instado a mejorar la regulación en este sector.
El Ministerio de Sanidad de España ha publicado una nueva Guía de Manejo Clínico para las enfermedades transmitidas por garrapatas, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas patologías. La guía incluye información sobre enfermedades como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la borreliosis de Lyme y la fiebre Q, entre otras. Se enfatiza la importancia del diagnóstico precoz y la coordinación con Salud Pública para optimizar la atención sanitaria y controlar la propagación de estas enfermedades. Esta actualización es parte del Plan Nacional de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que busca integrar salud humana, animal y medioambiental.
En 2025, el Ministerio de Sanidad registró un total de 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 trabajadores. Este dato representa un aumento del 8,74% en comparación con 2024. La mayoría de las agresiones fueron de carácter no físico, como insultos y amenazas, y afectaron principalmente a mujeres, quienes constituyen el 80% de los casos. La Atención Primaria fue el ámbito más afectado, concentrando el 51% de los incidentes. Las causas más comunes de estas agresiones están relacionadas con la atención recibida y las demandas de los pacientes. El informe destaca la necesidad de fortalecer la protección del personal sanitario y mejorar la respuesta institucional ante estos incidentes.
El Ministerio de Sanidad ha reanudado la firma y expedición de los títulos de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias tras resolver los recursos judiciales relacionados con el Real Decreto 610/2024. La suspensión previa ha sido levantada, permitiendo continuar con la tramitación administrativa. Los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán notificaciones electrónicas para descargar sus títulos, mientras que aquellos con valoraciones condicionadas deberán superar una prueba teórico-práctica. Esta medida refuerza el reconocimiento profesional en el ámbito de la atención urgente y emergente, contribuyendo a la mejora del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que moderniza la financiación de productos sanitarios en la prestación farmacéutica, actualizando una normativa vigente desde 1996. Esta nueva regulación establece un marco para la inclusión y exclusión de productos, priorizando criterios de eficiencia y sostenibilidad en el Sistema Nacional de Salud. Los productos financiados deben cumplir requisitos específicos, como ser fabricados en serie y requerir receta médica. La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2026, con un calendario escalonado para la inclusión de nuevos productos y revisión de precios, garantizando así un sistema sanitario más equitativo y accesible.
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La Comisión de Salud Pública ha aprobado la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud, que ahora incluirá a mujeres de entre 45 y 74 años. Anteriormente, el programa se centraba en mujeres de 50 a 69 años, realizando mamografías cada dos años. Esta medida responde a recomendaciones científicas y evidencia clínica que indican que un 10% de los casos se diagnostican en mujeres menores de 50 años. La implementación será gradual, con un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación y hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100%. El impacto presupuestario estimado es de 534 millones de euros entre 2025 y 2029.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente la Atención Primaria, sea una prioridad en la agenda pública. En el contexto del Día Mundial de la Salud, la PMP destaca la necesidad de reformas estructurales y recursos adecuados para abordar la cronicidad, dependencia y desigualdades en salud. Según el Barómetro Sanitario 2025, aunque existe un amplio respaldo social hacia la sanidad pública, se perciben problemas de accesibilidad y demoras en la atención. La PMP aboga por medidas que mejoren la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y garanticen una atención personalizada, así como por un Plan Nacional de Refuerzo del SNS que asegure equidad y accesibilidad en todos los territorios. Además, enfatiza la importancia de políticas públicas que aborden los determinantes socioeconómicos de la salud para promover un envejecimiento saludable.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha exigido que la atención a la salud bucodental se integre plenamente en el Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente en el contexto del Día Mundial de la Salud Bucodental. La PMP destaca que esta atención sigue siendo un lujo y afecta desproporcionadamente a las personas mayores y con discapacidad, quienes sufren una alta carga de problemas dentales. A pesar de algunos avances recientes en la inclusión de personas mayores en los servicios de salud bucodental, la organización considera estas medidas insuficientes. La PMP pide un plan estable de financiación y subvenciones para tratamientos dentales, enfatizando que la salud bucal es esencial para la calidad de vida y dignidad de las personas mayores. Además, solicita mayor vigilancia sobre clínicas dentales privadas para proteger a los consumidores.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado la creación de la Mesa de Análisis para evaluar el acceso universal efectivo al Sistema Nacional de Salud (SNS). Este nuevo órgano tiene como objetivo analizar la aplicación de las normas relacionadas con el acceso al SNS y eliminar barreras de accesibilidad. La mesa estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas y organizaciones sociales, incluyendo a la población migrante. Se reunirá al menos dos veces al año y podrá formar grupos de trabajo para abordar desafíos específicos en cobertura sanitaria.
El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica han alcanzado un acuerdo para mantener el diálogo y evitar una huelga en el sector. Este entendimiento, que incluye a diversas organizaciones médicas, busca resolver conflictos mediante la participación activa de los profesionales en la determinación de sus condiciones laborales. Se implementarán medidas concretas en el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario, adaptando la clasificación profesional y reconociendo la penosidad de las jornadas de guardia. Además, se estudiará la posibilidad de jubilación anticipada para ciertas actividades sanitarias. Este acuerdo refuerza la estabilidad del sistema sanitario público tras meses de negociaciones.
El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para crear un nuevo Real Decreto que unificará y modernizará el sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa busca adaptarse a las transformaciones en los modelos asistenciales y mejorar la transparencia en la atención sanitaria. La nueva norma abordará áreas críticas como la atención primaria, salud mental y pruebas terapéuticas, con el objetivo de establecer indicadores homogéneos a nivel nacional y facilitar una mejor planificación y evaluación de políticas públicas. Se pretende resolver limitaciones actuales, analizando flujos de pacientes y causas de demoras para optimizar el acceso a la atención médica.
El Gobierno de España ha inaugurado el Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), una infraestructura que busca revolucionar la atención sanitaria mediante el uso seguro y ético de datos. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que esta iniciativa posiciona a España a la vanguardia europea en salud digital, permitiendo compartir datos con garantías de privacidad. El ENDS facilitará la investigación y la personalización de tratamientos, además de mejorar la planificación sanitaria. Con una inversión de 28 millones de euros, se espera que este sistema impulse un ecosistema interoperable que beneficie tanto a profesionales como a ciudadanos, asegurando la protección de derechos fundamentales.
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