La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) actuará como mediadora en el conflicto médico relacionado con el Estatuto Marco, con el objetivo de evitar la huelga programada para el 27 de abril. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció esta medida tras una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se discutieron las preocupaciones sobre las consecuencias que la huelga tendría para los pacientes. Se busca un acuerdo que permita avanzar en las negociaciones y atender las reivindicaciones del colectivo médico. Además, García destacó que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco aún tiene un largo camino antes de ser aprobado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado la creación de la Mesa de Análisis para evaluar el acceso universal efectivo al Sistema Nacional de Salud (SNS). Este nuevo órgano tiene como objetivo analizar la aplicación de las normas relacionadas con el acceso al SNS y eliminar barreras de accesibilidad. La mesa estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas y organizaciones sociales, incluyendo a la población migrante. Se reunirá al menos dos veces al año y podrá formar grupos de trabajo para abordar desafíos específicos en cobertura sanitaria.
El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para crear un nuevo Real Decreto que unificará y modernizará el sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa busca adaptarse a las transformaciones en los modelos asistenciales y mejorar la transparencia en la atención sanitaria. La nueva norma abordará áreas críticas como la atención primaria, salud mental y pruebas terapéuticas, con el objetivo de establecer indicadores homogéneos a nivel nacional y facilitar una mejor planificación y evaluación de políticas públicas. Se pretende resolver limitaciones actuales, analizando flujos de pacientes y causas de demoras para optimizar el acceso a la atención médica.
El Ministerio de Sanidad de España ha presentado un informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, que abarca el periodo 2015-2024. En 2024, se realizaron 106.172 IVE, de las cuales solo el 21,2% se llevaron a cabo en centros públicos. Este porcentaje ha aumentado significativamente desde el 14,3% en 2019, evidenciando un crecimiento en la utilización de la red pública para esta prestación. Sin embargo, persisten desigualdades territoriales notables; comunidades como Cantabria y Galicia superan el 60% de IVE en centros públicos, mientras que otras como Andalucía y Madrid apenas alcanzan cifras del 0,2% y 0,47%, respectivamente. El informe también destaca diferencias según el momento de gestación y los métodos utilizados, con una mayor concentración de IVE en estadios avanzados del embarazo en centros públicos. Además, se advierte sobre las implicaciones sanitarias y sociales de la privatización de la IVE, que limita el acceso y fragmenta la atención sanitaria. Para mejorar la accesibilidad, se proponen medidas como la normalización de la IVE dentro del Sistema Nacional de Salud y el impulso del método farmacológico.
El Ministerio de Sanidad de España está desarrollando una nueva ley para regular el uso de big data en investigación y ensayos clínicos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos una historia clínica digital interoperable y accesible. Esta legislación busca adaptar el marco jurídico español al Reglamento Europeo sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud, asegurando la protección de datos personales y promoviendo la gobernanza del uso tanto primario como secundario de los datos de salud. La consulta pública para recabar opiniones estará abierta hasta el 20 de octubre de 2025. La ley también abordará la regulación del uso de tecnologías digitales en la asistencia sanitaria y establecerá criterios para la incorporación y financiación de productos sanitarios digitales, garantizando un acceso equitativo y seguro a estos recursos.
El Ministerio de Sanidad de España ha iniciado el trámite de audiencia pública para el Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante amenazas graves a la salud. Este plan busca establecer un marco normativo que fortalezca la capacidad del Sistema Nacional de Salud frente a crisis sanitarias, como pandemias o accidentes químicos. Incluye la creación de una Comisión Estatal de Coordinación y la obligación para las comunidades autónomas de elaborar sus propios planes. Además, se implementará un Sistema de Alerta Precoz y se regulará la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. El objetivo es garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante situaciones que comprometan gravemente la salud pública.
El Ministerio de Sanidad ha convocado un total de 12.366 plazas para la Formación Sanitaria Especializada en 2026, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al año anterior y un incremento del 54% desde 2018. La oferta incluye 9.276 plazas para Medicina (MIR), 2.279 para Enfermería (EIR), y otras para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física. Las inscripciones se abrirán del 1 al 12 de septiembre de 2025, con el examen programado para el 24 de enero de 2026. Esta convocatoria busca fortalecer la formación de profesionales sanitarios en España.
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El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 1277/2003, con el objetivo de reforzar la seguridad del paciente y prevenir el intrusismo profesional en el ámbito sanitario. Esta reforma garantiza que solo personal cualificado y con titulación oficial pueda realizar intervenciones, especialmente en cirugía estética, donde se han identificado riesgos asociados a prácticas inadecuadas. La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece obligaciones para los centros sanitarios en cuanto a la actualización de la información sobre su personal y la adaptación a nuevas definiciones de unidades asistenciales. Esta iniciativa alinea a España con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la OMS, mejorando así la calidad del Sistema Nacional de Salud.
En 2025, el Ministerio de Sanidad registró un total de 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 trabajadores. Este dato representa un aumento del 8,74% en comparación con 2024. La mayoría de las agresiones fueron de carácter no físico, como insultos y amenazas, y afectaron principalmente a mujeres, quienes constituyen el 80% de los casos. La Atención Primaria fue el ámbito más afectado, concentrando el 51% de los incidentes. Las causas más comunes de estas agresiones están relacionadas con la atención recibida y las demandas de los pacientes. El informe destaca la necesidad de fortalecer la protección del personal sanitario y mejorar la respuesta institucional ante estos incidentes.
El Ministerio de Sanidad, junto a la AEMPS, FACME y Farmaindustria, ha lanzado un estudio para abordar la brecha de género en el liderazgo de mujeres investigadoras en ensayos clínicos. Esta iniciativa, presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, busca identificar los factores que limitan la participación femenina en la investigación biomédica y proponer soluciones concretas. Se espera que el estudio, que se presentará en julio de 2026, sirva como herramienta para fomentar la equidad en el acceso a posiciones de liderazgo científico. Las cifras actuales muestran que, aunque las mujeres representan el 60% del personal médico, solo ocupan más del 33% de los puestos directivos. La inclusión de mujeres en investigaciones es fundamental para garantizar tratamientos seguros y efectivos para toda la población.
El Ministerio de Sanidad ha nombrado a Francisca Sureda Llull como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en sustitución de Joan Ramón Villalbí. Sureda, licenciada en Farmacia y con un máster en Salud Pública, tiene una amplia trayectoria en investigación y docencia en medicina preventiva. Su labor se centrará en la reducción de la demanda de consumo de drogas y la implementación de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se encarga de diseñar y evaluar políticas relacionadas con las adicciones, priorizando la salud pública y la equidad social.
El Ministerio de Sanidad ha convocado a los sindicatos del Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud a una nueva reunión para discutir las propuestas de las comunidades autónomas sobre el nuevo Estatuto Marco. Este proceso, que busca integrar las aportaciones de todos los actores involucrados, es crucial para la reforma de las condiciones laborales del personal estatutario. La reunión se enmarca en el contexto del próximo Foro Marco del Diálogo Social, programado para octubre. El Ministerio destaca la importancia de avanzar en la negociación y garantizar un marco normativo viable, evitando bloqueos que retrasen la actualización necesaria del Estatuto.
El Ministerio de Sanidad ha lanzado el primer acuerdo marco del Plan AMAT-I 2025, con un presupuesto de 29,7 millones de euros, destinado a renovar la alta tecnología sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este acuerdo se centra en la adquisición de equipos de Neonatología y beneficiará a 11 comunidades autónomas, el Ministerio de Defensa y centros en Ceuta y Melilla. Se prevé la compra de aproximadamente 650 equipos en un periodo inicial de tres años, mejorando así la infraestructura tecnológica del SNS y promoviendo la sostenibilidad y eficiencia económica. Este plan continúa las iniciativas anteriores que han permitido una modernización significativa en el diagnóstico por imagen y busca reducir desigualdades en el acceso a tecnología avanzada en salud.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un proyecto de Real Decreto que amplía la cobertura de la Ley 3/2024, inicialmente destinada a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a otras enfermedades irreversibles. Este decreto establece criterios claros para identificar a los beneficiarios, asegurando una atención sociosanitaria adecuada y urgente. Los criterios incluyen la irreversibilidad de la enfermedad, la necesidad de cuidados complejos y una rápida progresión clínica. Además, se incluye un listado indicativo de enfermedades susceptibles de evaluación, garantizando así una atención integral y digna para quienes más lo necesitan.
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