El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica en el caso de Samuel Luiz, reconociendo el asesinato como un delito de odio motivado por la orientación sexual. La Federación Estatal LGTBI+ y ALAS A Coruña celebran esta decisión, que subraya la gravedad del crimen y la necesidad de proteger a las personas LGTBI+. Ambas organizaciones piden urgentemente un Pacto de Estado contra los discursos de odio, destacando el alarmante aumento de la violencia hacia este colectivo en España. Con datos que indican que una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación, enfatizan la importancia de una respuesta política integral para prevenir futuros actos de violencia.
La Federación Estatal LGTBI+ y su entidad federada, ALAS A Coruña, han valorado la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Samuel Luiz como un hito significativo en el reconocimiento jurídico de los delitos de odio. Esta resolución es considerada un avance crucial en la lucha contra la violencia hacia el colectivo LGTBI+.
La sentencia del alto tribunal no solo confirma la gravedad de los hechos y la alevosía del ataque, sino que también destaca la existencia de una agravante por discriminación basada en la orientación sexual, consolidando así el crimen como un delito de odio.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha enfatizado que el reconocimiento expreso por parte del Tribunal Supremo de la motivación de odio es un paso fundamental. “Asesinar al grito de ‘maricón’ no es una circunstancia anecdótica ni una forma de hablar; es la verbalización de un odio que mata”, declaró Iglesias. Esta sentencia refuerza la protección de las vidas LGTBI+ y envía un mensaje claro: la LGTBIfobia no puede quedar impune.
Desde ALAS A Coruña, que ha actuado como acusación popular durante todo el proceso judicial, se subraya que esta decisión ratifica lo ya señalado por instancias inferiores y reconoce el carácter estructural de la violencia LGTBIfóbica. Ana G. Fernández, presidenta de ALAS A Coruña, afirmó: “Esta sentencia deja claro que la justicia no puede mirar hacia otro lado cuando la violencia está impulsada por el odio”. Identificar y sancionar este tipo de violencia es esencial para defender los derechos fundamentales y la dignidad del colectivo.
Tanto la Federación Estatal LGTBI+ como ALAS A Coruña han expresado su agradecimiento al equipo legal que ha trabajado en este caso, compuesto por el abogado Mario Pozzo-Citro y el procurador Luis Painceira. Su dedicación altruista durante más de tres años ha sido vital para el desarrollo del proceso judicial.
A pesar del impacto positivo que representa esta sentencia, ambas entidades advierten que no es suficiente ante el aumento alarmante de la violencia contra las personas LGTBI+. Según datos del informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, una de cada cuatro personas LGTBI+ experimenta discriminación en España y las agresiones se han duplicado en el último año.
Iglesias alertó sobre la realidad preocupante: “Más de 800.000 personas LGTBI+ han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año en España. No estamos ante hechos aislados, sino ante una realidad sostenida que exige una respuesta política adecuada para frenar esta situación".
Desde ALAS A Coruña se recalca que “el proceso judicial es imprescindible, pero no suficiente”, según Fernández. La lucha contra esta violencia requiere también prevención, educación y un compromiso firme tanto por parte de las instituciones como de la sociedad frente a los discursos deshumanizadores.
Ambas organizaciones demandan urgentemente un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables, con el fin de establecer una respuesta integral centrada en prevención, educación sobre diversidad, formación y protección a las víctimas. “Un Pacto de Estado no es solo una declaración simbólica; es una herramienta imprescindible para salvar vidas", concluyó Iglesias. Sin una estrategia común y recursos adecuados, el odio continuará encontrando espacios donde proliferar.
A través del avance en esta estrategia y con medidas efectivas orientadas a garantizar igualdad real, se busca honrar la memoria de Samuel Luiz y asegurar que sucesos similares no vuelvan a ocurrir jamás.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800.000 | Número de personas LGTBI+ que han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año en España. |
| 1 de cada 4 | Proporción de personas LGTBI+ que sufren discriminación en España. |
| Dobladas | Aumento de las agresiones hacia personas LGTBI+ en el último año. |
El Tribunal Supremo ha valorado el asesinato de Samuel Luiz como un delito de odio, reconociendo la motivación de odio por orientación sexual y confirmando la gravedad del ataque.
La Federación Estatal LGTBI+ considera que la sentencia es un hito en el reconocimiento jurídico de los delitos de odio y refuerza la protección de las vidas LGTBI+, enviando un mensaje claro contra la impunidad de la LGTBIfobia.
Ambas entidades reclaman urgentemente la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, dado el aumento alarmante de violencia hacia las personas LGTBI+.
Según el informe "Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025", una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación en España, y las agresiones han duplicado en el último año, afectando a más de 800.000 personas.
Se propone implementar medidas que incluyan prevención, educación, formación, protección y acompañamiento a víctimas, así como sanciones efectivas contra los discursos que legitiman la violencia.