España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante un evento en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer es un derecho humano y abogó por un marco jurídico internacional que garantice la dignidad y autonomía de este grupo, que representará un tercio de la población española en 2050. La jornada también incluyó intervenciones del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes subrayaron la necesidad de una protección integral para los derechos de las personas mayores. Se anunció que España liderará el próximo encuentro en Ginebra para avanzar en esta iniciativa.
El salón de actos del Imserso ha sido el escenario de una jornada dedicada a la elaboración de la futura Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores. En este encuentro, se ha enfatizado la urgencia de establecer un marco jurídico internacional específico para esta población, que se estima representará cerca de un tercio de la población española en 2050.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, inauguró el evento subrayando que “envejecer es una cuestión de derechos humanos y no de asistencia”. Según Martínez, la futura Convención será un “importante motor” para transformar las políticas públicas y destacó que el avance en longevidad debe ir acompañado por el respeto a la dignidad y autonomía de las personas mayores.
Martínez también hizo hincapié en la necesidad de dejar atrás una perspectiva asistencialista, reconociendo a las personas mayores como “sujetos de derechos con capacidad para decidir”. En este contexto, mencionó que las reformas a las leyes de discapacidad y dependencia son fundamentales y confió en que serán aprobadas antes del verano.
Mayte Sancho, directora general del Imserso, describió el nuevo proceso como “fructífero, cocreador y rompedor”, destacando su objetivo principal: garantizar efectivamente los derechos de quienes envejecen. Sancho subrayó la importancia de integrar la perspectiva del envejecimiento en todas las políticas públicas y resaltó la colaboración entre administraciones, organizaciones sociales y el ámbito académico en la definición de esta futura Convención.
La jornada contó con una notable representación del movimiento asociativo vinculado a las personas mayores. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España, recordó que aún no existe una protección “universal e integral” para sus derechos y celebró el compromiso del Gobierno español con este proceso, dando voz a los protagonistas reales.
Durante su intervención, Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), trazó un paralelismo entre el proceso que llevó a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el actual para crear un instrumento internacional para las personas mayores. Fernández señaló que mientras que la primera recibió un apoyo casi unánime por parte de los Estados, existen diferencias significativas respecto a la Convención para personas mayores dentro de la Unión Europea.
Aproximadamente la mitad de los países apoyan esta iniciativa; sin embargo, otros Estados influyentes como Francia o Alemania consideran necesario desarrollar más normas nacionales antes de avanzar hacia un instrumento internacional. Además, Fernández destacó que a diferencia del proceso anterior donde hubo una gran participación civil organizada, actualmente se percibe una restricción en este aspecto por parte de algunos países.
Aída Díaz-Tendero, vocal del patronato de HelpAge International España, expuso el recorrido hasta llegar al inicio redacción de la Convención. Por su parte, Carlos Ramón Fernández, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III, presentó diez razones que justifican la urgencia por impulsar este instrumento internacional. Entre ellas están clarificar obligaciones estatales y evitar vacíos en protección.
Para fortalecer la participación social en este proceso, Belén Martínez, responsable de incidencia y formación en HelpAge International España, presentó el proyecto Global Rally 2026. Explicó cómo ciudadanos españoles han intervenido ya en fases previas y detalló acciones futuras para seguir promoviendo este movimiento social en favor del nuevo marco normativo.
Manuel Veguín, consejero internacional y para Iberoamérica del Imserso, cerró la jornada anunciando que entre el 18 y 20 de febrero se llevará a cabo en Ginebra una reunión constitutiva del Grupo de Trabajo intergubernamental encargado del desarrollo de esta Convención. Veguín afirmó que España participará con el objetivo claro de “liderar las políticas globales sobre envejecimiento”, alineándose con los compromisos expresados por todos los ponentes durante el evento.
Se celebró una jornada dedicada al proceso de elaboración de la futura Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, abrió el encuentro y defendió que “envejecer es una cuestión de derechos humanos y no de asistencia”.
Martínez calificó la futura Convención como un “importante motor” para transformar las políticas públicas y garantizar la dignidad y autonomía de las personas mayores.
El IMSERSO, a través de su directora general Mayte Sancho, busca garantizar efectivamente los derechos de quienes envejecen e integrar la perspectiva del envejecimiento en todas las políticas públicas.
Isabel Martínez Lozano recordó que aún no existe una protección “universal e integral” de los derechos de las personas mayores y celebró el apoyo del Gobierno español a este proceso.
Jesús Norberto Fernández trazó un paralelismo entre ambos procesos, destacando que existen diferencias significativas en el apoyo entre países dentro de la Unión Europea.
La reunión constitutiva del Grupo de Trabajo intergubernamental encargado de la Convención se llevará a cabo en Ginebra del 18 al 20 de febrero.