El Ministerio de Derechos Sociales y la Plataforma de Infancia han firmado un convenio para transformar el sistema de protección a la infancia en España, dotado con 20 millones de euros. Este acuerdo busca impulsar la desinstitucionalización y fomentar alternativas familiares para menores tutelados, promoviendo un modelo más comunitario y centrado en los derechos de los niños. Se financiará la intervención en 200 recursos residenciales, permitiendo que los niños crezcan en entornos similares a un hogar. La iniciativa también incluye acompañamiento técnico y se alinea con el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea.
El Ministerio de Derechos Sociales y la Plataforma de Infancia han dado un paso significativo hacia la transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España. A través de un convenio reciente, se destinarán 20 millones de euros para financiar un modelo de intervención que abarcará aproximadamente 200 recursos residenciales, lo que representa una quinta parte del total de plazas disponibles.
Rosa Martínez, Secretaria de Estado de Derechos Sociales, enfatizó la necesidad de priorizar las alternativas familiares para todos los menores bajo tutela. La funcionaria aboga por un sistema que ofrezca una atención más personalizada, estable y centrada en los derechos de la infancia.
Este acuerdo fue presentado durante el Congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad titulado ‘Los cuidados que queremos’. El objetivo es transformar el sistema hacia uno más comunitario y familiar, garantizando que los niños y niñas tutelados crezcan en entornos que simulen lo más posible un hogar.
El convenio incluye el acompañamiento técnico a recursos residenciales en todo el país mediante diagnósticos individualizados y planes de mejora. Se utilizarán herramientas basadas en evidencia, particularmente en teorías del apego y trauma, para asegurar una intervención adecuada.
La iniciativa contará con financiación del Fondo Social Europeo Plus. Además, el Ministerio seleccionará proyectos específicos para implementar este cambio de modelo. Por su parte, la Plataforma de Infancia aportará su experiencia técnica a través del proyecto Hogarizar, colaborando con entidades del sistema de protección.
Aunque algunas comunidades ya habían iniciado programas similares, esta acción ministerial busca ampliar dichas iniciativas a todo el sistema nacional. Rosa Martínez destacó que “esta iniciativa es un antes y un después del sistema de protección”, subrayando que el acogimiento familiar debe ser una prioridad para las administraciones públicas. “Los niños, niñas y adolescentes bajo tutela tienen derecho a desarrollarse en un ambiente familiar que favorezca su pleno desarrollo”, añadió.
Adela Piñeiro, presidenta de la Plataforma de Infancia, también resaltó la importancia del convenio como “una oportunidad real para transformar el sistema de protección”. Este acuerdo permitirá garantizar que los menores crezcan en entornos similares a un hogar, con vínculos estables y apoyo profesional adecuado.
El convenio se alinea con el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), así como con las medidas propuestas por la Estrategia para un nuevo modelo de cuidados (2024-2030). Ambas iniciativas buscan promover modelos centrados en la persona y basados en la familia y la comunidad.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20 millones de euros | Monto destinado para financiar la transformación del modelo de intervención. |
| 200 recursos residenciales | Número de recursos residenciales que se verán afectados por este convenio. |
| Una de cada cinco plazas | Proporción de plazas que representan los 200 recursos residenciales en el sistema. |
Se ha firmado un convenio dotado con 20 millones de euros para transformar el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España, impulsando un modelo más familiar y centrado en los derechos de los niños.
El objetivo es que los niños y niñas tutelados por las administraciones públicas crezcan en ambientes reparadores, lo más parecidos posibles a una familia, mediante la desinstitucionalización del sistema de protección.
La iniciativa contará con financiación del Fondo Social Europeo Plus, y el Ministerio de Derechos Sociales seleccionará los proyectos para avanzar en este cambio de modelo.
El convenio contempla el acompañamiento técnico a recursos residenciales mediante diagnósticos individualizados, planes de mejora y herramientas comunes basadas en la evidencia, especialmente en teorías del apego y trauma.
Rosa Martínez ha afirmado que esta iniciativa representa un antes y un después en el sistema de protección, enfatizando que expandir el acogimiento familiar debe ser un objetivo fundamental.
Se espera garantizar una atención más personalizada, estable y centrada en los derechos de la infancia, asegurando que los menores crezcan en entornos similares a un hogar con vínculos estables y acompañamiento profesional de calidad.