HelpAge International España ha manifestado su preocupación por el inminente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que enfrenta vulnerabilidad residencial. Este caso se suma a otros similares, como el de Mariano Ordaz, de 67 años. La organización subraya que el derecho a una vivienda digna es fundamental para garantizar una vida segura y autónoma en la vejez. Advierte que los desahucios no deben ser considerados solo como problemas administrativos, sino como violaciones de derechos humanos reconocidos en la Constitución española y en leyes internacionales. HelpAge destaca las graves repercusiones que la pérdida de vivienda puede tener en la salud y bienestar de las personas mayores, especialmente mujeres con pensiones insuficientes. La entidad exige la paralización del desahucio y propone medidas para garantizar alternativas habitacionales adecuadas y prevenir la exclusión residencial entre este grupo vulnerable.
HelpAge International España ha manifestado su seria preocupación ante un nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad residencial. Este caso se suma a otros similares, como el de Mariano Ordaz, de 67 años, quien recientemente enfrentó una situación análoga. La organización subraya que el acceso y la permanencia en una vivienda digna son derechos humanos fundamentales, esenciales para garantizar una vida segura, autónoma y digna en la vejez.
Desde HelpAge advierten que los desahucios que impactan a personas mayores no deben ser considerados únicamente como conflictos administrativos o económicos. Estos casos pueden implicar una grave violación de derechos fundamentales reconocidos tanto por la legislación española como por los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El derecho a disfrutar de una vivienda digna está consagrado en la Constitución española, que establece la responsabilidad de los poderes públicos para promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y prevenir la especulación. Además, el artículo 20 de la Ley 15/2022, que aboga por la igualdad de trato y no discriminación, obliga a las administraciones públicas a implementar políticas habitacionales que eviten cualquier forma de exclusión residencial, prestando especial atención a las necesidades de las personas más vulnerables. Esta ley también establece la obligación de fomentar políticas que aseguren la autonomía y vida independiente de los mayores.
El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) de HelpAge International España destaca las graves repercusiones que puede tener la pérdida del hogar en la vejez. Entre estas consecuencias se incluyen el deterioro físico y emocional, la ruptura de redes sociales, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida del sentido de pertenencia comunitaria. La organización considera que esta exclusión residencial representa una violación multidimensional de derechos, estrechamente relacionada con situaciones de pobreza y fragilidad social.
Además, se señala que estas circunstancias afectan especialmente a las mujeres mayores, muchas de las cuales cuentan con pensiones insuficientes y han vivido trayectorias marcadas por desigualdades económicas y responsabilidades acumuladas a lo largo del tiempo.
La vivienda trasciende su función como simple espacio físico; es el lugar donde las personas mayores llevan a cabo su vida diaria, mantienen relaciones sociales y ejercen su autonomía. Por ello, es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia el fomento del envejecimiento digno en comunidad.
Ante esta delicada situación, HelpAge International España recomienda:
Maricarmen, de 87 años, está en riesgo de un nuevo intento de desahucio, lo que refleja una vulnerabilidad residencial significativa para las personas mayores.
Los desahucios no deben ser tratados solo como conflictos administrativos o económicos, ya que implican la posible violación de derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico español y estándares internacionales de derechos humanos.
La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación.
La pérdida de vivienda puede llevar al deterioro de la salud física y emocional, ruptura de redes de apoyo, aumento de soledad no deseada y pérdida de arraigo comunitario.
Las mujeres mayores suelen tener pensiones insuficientes y trayectorias marcadas por desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida, lo que las hace más vulnerables ante situaciones de exclusión residencial.
La organización recomienda la paralización inmediata del desahucio, garantizar alternativas habitacionales adecuadas, aplicar un enfoque de derechos humanos en políticas públicas de vivienda y proteger el derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios.