El Gobierno de España revocará, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera debido a su implicación en la represión durante el régimen franquista. Esta decisión, que será aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio, busca alinearse con los valores democráticos y éticos actuales en la sanidad pública. Vallejo Nájera utilizó su profesión para justificar políticas de persecución y control social, creando diagnósticos sin base científica que estigmatizaban a personas por sus ideologías. La revocación es un acto de memoria y justicia hacia las víctimas de tales prácticas, reafirmando el compromiso del sistema sanitario con la dignidad humana y los derechos fundamentales.
El Gobierno retira la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera por su papel en la represión franquista
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo 7 de julio un real decreto que revocará, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad otorgada a Antonio Vallejo Nájera Lobón. Este psiquiatra militar estuvo vinculado al aparato ideológico del régimen franquista.
La decisión se fundamenta en la incompatibilidad de su legado con los valores democráticos, éticos y humanos que actualmente rigen la sanidad pública. La práctica clínica y la defensa de la salud deben estar siempre orientadas al servicio de las personas, respetando su dignidad y derechos, y nunca en contra de ellos.
Antonio Vallejo Nájera utilizó su profesión para justificar políticas de persecución, represión y control social durante la dictadura. Creó y difundió categorías diagnósticas que atribuían patologías mentales a individuos y colectivos basándose en su ideología o características sociales.
Estas construcciones carecían de fundamento científico y contribuyeron a dar una apariencia médica a prácticas que estigmatizaban y deshumanizaban a las personas, reforzando mecanismos de control social y justificando la exclusión de quienes pensaban diferente.
Las teorías de Vallejo Nájera respaldaron prácticas como la separación forzada de menores de sus familias y su sometimiento a procesos de reeducación, así como políticas destinadas a una supuesta regeneración social. Estas acciones representan una grave violación de los principios éticos que deben guiar toda práctica sanitaria.
Desde el ámbito de la salud mental, el legado del psiquiatra es incompatible con los principios actuales que sustentan la atención psiquiátrica y psicológica en España. A diferencia del enfoque biologicista y excluyente del pasado, el modelo contemporáneo se basa en los derechos humanos, la autonomía personal, la inclusión y el respeto a la diversidad.
La revocación de la Gran Cruz de Sanidad concedida a Vallejo Nájera es un acto que busca memoria, justicia y reparación. Además, representa un reconocimiento hacia las víctimas de prácticas que jamás debieron ser aceptadas en el ámbito sanitario.
Esta medida se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud, así como con la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la dignidad humana, la igualdad, la evidencia científica y la defensa inquebrantable de los derechos humanos.
La revocación se debe a la incompatibilidad del legado de Antonio Vallejo Nájera con los valores democráticos, éticos y humanos que guían hoy la sanidad pública. Su obra utilizó la medicina para justificar políticas de persecución y control social durante la dictadura franquista.
Vallejo Nájera elaboró categorías diagnósticas que atribuían patología mental a personas según su ideología o características sociales, contribuyendo a la estigmatización y deshumanización de quienes pensaban diferente. Sus teorías apoyaron prácticas como la separación de menores de sus familias y procesos de reeducación.
La revocación es un acto de memoria, justicia y reparación, reconociendo a las víctimas de prácticas que no debieron tener cabida en el ámbito sanitario. Refuerza el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y los principios democráticos.
La medida está en coherencia con los principios democráticos y los valores del Sistema Nacional de Salud, así como con la Ley de Memoria Democrática. Reafirma el compromiso con la dignidad, igualdad y defensa de los derechos humanos en el ámbito sanitario.