La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales a desarrollar un plan integral que aborde el envejecimiento de la población y promueva una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Esta solicitud se realizó durante una reunión en la que participaron representantes del ministerio y de la PMP. La propuesta busca proteger los derechos de las personas mayores y con discapacidad, adaptando las políticas públicas a sus necesidades. Además, se apoyan reformas en leyes existentes para mejorar el sistema de atención y cuidados, haciendo hincapié en la urgencia de normativas como el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva. La PMP también destaca la importancia de atender a las personas mayores en áreas rurales y aboga por su participación activa en decisiones institucionales.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a desarrollar un plan integral de políticas que aborde el desafío del envejecimiento poblacional. Esta solicitud se enmarca en la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores y aquellas con discapacidad, así como en la creación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores.
Durante una reunión celebrada en la sede ministerial, donde participaron el ministro Pablo Bustinduy y la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, la PMP presentó su delegación encabezada por su presidente, Jesús Norberto Fernández, junto a otros miembros destacados. La organización enfatizó que es crucial avanzar hacia una normativa que responda a las necesidades reales de este colectivo social.
En cuanto a la legislación pendiente, la PMP ha expresado su apoyo a las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Consideran estas modificaciones como un paso significativo hacia un sistema más equitativo e inclusivo que reconozca los derechos fundamentales y elimine obstáculos burocráticos.
Tanto la Plataforma como el ministro Bustinduy coincidieron en subrayar que estas reformas son esenciales para enfrentar el aumento del número de personas mayores en situación de dependencia y discapacidad. Además, se busca modernizar el sistema de cuidados para adaptarlo a las exigencias actuales.
La PMP también destacó la necesidad urgente de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y finalizar el proceso legislativo relacionado con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Ambas regulaciones son vistas como fundamentales para asegurar un trato digno y accesible para las personas mayores y con discapacidad en sus interacciones con servicios esenciales.
Asimismo, la plataforma reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno en los preparativos para una futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. En este sentido, reclamaron un papel activo para España tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea, asegurando que se incluya a la sociedad civil y organizaciones representativas durante todo el proceso.
En otro aspecto abordado durante el encuentro, se hizo un llamado a priorizar las necesidades específicas de las personas mayores que residen en áreas rurales. Las dificultades para acceder a servicios públicos y recursos cercanos agravan su vulnerabilidad social y limitan sus oportunidades para un envejecimiento digno.
Finalmente, la PMP enfatizó la importancia de fortalecer la representación del movimiento asociativo de personas mayores dentro de los órganos institucionales. También abogaron por integrar una perspectiva relacionada con la edad en todas las políticas públicas, incluidas aquellas enfocadas en emergencias climáticas, dado que este grupo es especialmente susceptible a fenómenos extremos como olas de calor o desastres naturales.
La PMP ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales la definición e impulso de una política integral ante el reto del envejecimiento de la población, así como el desarrollo de una Ley de Derechos de las Personas Mayores.
Es importante porque busca avanzar hacia una normativa específica y adaptada a las necesidades reales de las personas mayores, colocándolas en el centro de la Agenda 2030 y de la acción pública.
La PMP ha respaldado las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La PMP ha señalado la urgencia de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y culminar la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Han hecho un llamamiento a atender prioritariamente las necesidades de las personas mayores en contextos rurales, donde enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos y recursos.
La PMP ha mostrado su disposición a colaborar en los trabajos preparatorios para una futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores y ha reclamado un papel activo para España en este proceso.