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El Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático ha sido constituido en el marco del Observatorio de Salud y Cambio Climático, con la participación de varios ministerios y organizaciones del tercer sector. Su objetivo es analizar el impacto desigual de la crisis climática en la salud pública, enfocándose en factores como la edad, enfermedades crónicas y condiciones socioeconómicas. Este grupo impulsará medidas de adaptación climática justa, priorizando a los colectivos más vulnerables. Se buscará mejorar la comunicación preventiva, garantizar accesibilidad universal a la información y fortalecer la coordinación entre administraciones y entidades sociales para una respuesta equitativa ante los riesgos climáticos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga posibles irregularidades en la venta de entradas para los conciertos en España de un conocido artista internacional. Esta investigación se centra en una gran empresa gestora de tickets que podría haber incurrido en prácticas ilegales durante el proceso de venta online. Esta acción se suma a las iniciativas del ministerio para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el mercado de eventos musicales.

Un informe de la AESAN revela que el 33,5% de los menús escolares en España no son supervisados por profesionales acreditados en nutrición. Además, más del 70% de los comedores escolares incumple las recomendaciones sobre el uso de aceites saludables y el 29,15% ofrece frituras en exceso. El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en un Real Decreto para establecer pautas obligatorias que mejoren la calidad nutricional de los menús, prohibiendo bebidas azucaradas y promoviendo una alimentación más saludable en los centros educativos.

El Imserso ha abierto el plazo para solicitar plazas en su Programa de Termalismo para el año 2025, que estará disponible desde este lunes hasta el 9 de enero. Se ofrecen un total de 197.000 plazas, cinco mil más que en 2024, en 84 balnearios de España, con estancias de 9 noches a pensión completa. Los precios varían entre 302 y 453 euros. Este programa está dirigido a pensionistas y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante tratamientos termales y fomentar la interacción social. Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica del Imserso o por correo postal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para facilitar su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico, ya que en Madrid operan más de 15.000 alojamientos sin licencia, contrastando con las 1.131 licencias oficiales otorgadas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy ha instado al Ayuntamiento a tomar medidas decisivas para abordar esta problemática y recuperar viviendas para uso residencial. La información incluye anuncios de los alojamientos ilegales, evidenciando su actividad actual.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo para abordar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Consumo ha recopilado datos que revelan que más de 7.000 viviendas turísticas se anuncian sin incluir el número de licencia, lo que representa un 30% del total estimado de 22.000 alojamientos. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda, sino que también contribuye a la expulsión de residentes del centro urbano. Además, se están llevando a cabo investigaciones sobre prácticas engañosas en plataformas de alquiler y agencias inmobiliarias. El Consell de Ibiza ha implementado un plan contra el intrusismo y un sistema online para verificar la legalidad de los alojamientos turísticos.

El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas engañosas. Esta acción se enfoca en empresas que administran múltiples propiedades y que podrían estar violando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar conductas que induzcan a error a los consumidores, como publicidad fraudulenta o gestión irregular de alojamientos con licencia. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.