El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta medida busca reforzar los derechos de las mujeres en un contexto donde se están cuestionando estos derechos a nivel nacional e internacional. La reforma incluirá un nuevo apartado que reconoce este derecho y asegura su prestación en condiciones de igualdad. Además, se vincula con el derecho a la salud y se establece que cada comunidad autónoma debe contar con al menos un hospital público para realizar estas intervenciones. La tramitación requerirá el apoyo mayoritario del Congreso y el Senado, y podría incluir un referéndum si es solicitado por una décima parte de los legisladores. Esta modificación responde a la necesidad urgente de proteger los derechos sexuales y reproductivos frente a iniciativas regresivas en varias regiones del país.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española, con el objetivo de blindar y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que esta iniciativa busca “dar un paso más en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres”.
La propuesta incluye la incorporación de un nuevo apartado cuarto al mencionado artículo que establece: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. Este cambio se integrará en el Título I, que aborda los derechos y deberes fundamentales.
Redondo destacó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido “clara y constante” al vincular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con otros derechos fundamentales. Estos incluyen el artículo 10, que se refiere a la dignidad de la persona; el artículo 15, sobre la integridad física y moral; y el artículo 139.1, que garantiza la igualdad de derechos en todo el territorio nacional.
La ministra también afirmó que esta reforma fortalecerá un sistema completo de protección que integra tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional. Esto asegurará que el derecho a interrumpir un embarazo se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país.
El proceso legislativo para esta reforma se llevará a cabo mediante el procedimiento ordinario. Esto implicará un informe del Consejo de Estado y requerirá una aprobación por mayoría cualificada en ambas cámaras del Parlamento. En caso de desacuerdo entre ellas, se constituirá una Comisión Mixta Congreso-Senado para elaborar un texto alternativo.
Ana Redondo también mencionó que existe la posibilidad de convocar un referéndum para ratificar la reforma si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores. Sin embargo, confía en poder alcanzar las mayorías necesarias para avanzar con esta modificación.
La ministra enfatizó que esta reforma responde a una necesidad política “urgente”, especialmente ante movimientos regresivos tanto a nivel nacional como internacional que buscan restringir los derechos sexuales y reproductivos. “Lo hemos visto en Estados Unidos y varios países europeos, así como en España, donde algunas comunidades autónomas han intentado cuestionar o dificultar el acceso a este derecho”, señaló Redondo.
Asimismo, destacó que es crucial proteger constitucionalmente este derecho para evitar que futuras mayorías puedan limitarlo o revertirlo. Además, subrayó que esta modificación también tiene como objetivo fortalecer el sistema público sanitario al vincular este derecho al artículo 43 relacionado con la salud.
Redondo concluyó afirmando que esta reforma está dirigida “a las mujeres de este país y al movimiento feminista”, recordando además los 50 años desde la restauración democrática en España y el 40 aniversario de la primera ley sobre interrupción voluntaria del embarazo promulgada en 1985.
“Las mujeres han luchado por su libertad sobre su propio cuerpo y por su dignidad. Con esta reforma buscamos reconocer constitucionalmente esos derechos”, finalizó.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que el objetivo es dar un paso más en la garantía y reconocimiento de los derechos de las mujeres, asegurando que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea garantizado por los poderes públicos.
Se incorporará un nuevo apartado cuarto al artículo 43 que reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva y protección de los derechos fundamentales.
La reforma se tramitará mediante el procedimiento ordinario y requerirá un informe del Consejo de Estado y aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, se podría crear una Comisión Mixta para elaborar un texto alternativo.
Ana Redondo ha señalado que existe una ola reaccionaria nacional e internacional que busca recortar los derechos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, lo que hace esencial blindar este derecho en la Constitución.
La reforma fortalecerá la sanidad pública al vincular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con el derecho a la salud y obligar a cada comunidad autónoma a contar con al menos un hospital público de referencia para realizar estas intervenciones.
Esta reforma se dirige principalmente a las mujeres del país y al movimiento feminista, reconociendo su lucha por la libertad sobre su propio cuerpo y dignidad.