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El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta medida busca reforzar los derechos de las mujeres en un contexto donde se están cuestionando estos derechos a nivel nacional e internacional. La reforma incluirá un nuevo apartado que reconoce este derecho y asegura su prestación en condiciones de igualdad. Además, se vincula con el derecho a la salud y se establece que cada comunidad autónoma debe contar con al menos un hospital público para realizar estas intervenciones. La tramitación requerirá el apoyo mayoritario del Congreso y el Senado, y podría incluir un referéndum si es solicitado por una décima parte de los legisladores. Esta modificación responde a la necesidad urgente de proteger los derechos sexuales y reproductivos frente a iniciativas regresivas en varias regiones del país.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado en el Senado su voluntad de llegar a acuerdos y el diálogo como prioridades de su gestión, y ha anunciado que el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de que el preservativo esté cubierto por parte del sistema público, siendo gratuito para aquellas franjas de edad jóvenes con menor poder adquisitivo y que presenta unos incrementos importantes en las tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS).

El parón de la actividad asistencial por la crisis sanitaria del Covid-19 triplicará las listas de espera de la sanidad pública si no se reactiva "de manera inmediata" la atención a pacientes, puesto que se han suspendido las operaciones quirúrgicas no urgentes y se han desprogramado consultas especializadas.

Más del 80% de las personas que han utilizado la sanidad pública en España valoran positivamente la atención recibida, según el Barómetro Sanitario 2025. Aunque solo el 53,9% de la población general considera que el sistema sanitario funciona bien, esta cifra se eleva significativamente entre quienes han accedido a servicios en el último año. La encuesta, realizada por el Ministerio de Sanidad y el CIS, revela que los servicios de urgencias y hospitalización son los mejor valorados. Además, un 60% de quienes tienen seguro privado confían en la sanidad pública para tratamientos graves. La percepción sobre tiempos de espera y accesibilidad sigue siendo un desafío para el sistema.

El documento publicado por Sanidad señala que la población califica con un 7,2 sobre 10 la atención hospitalaria y con un 6,2 la Primaria, que incrementó un 23% las consultas en 2022.