El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe que revela un aumento del 36,8% en el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la última década, alcanzando un 30,7% del total. Este crecimiento indica una creciente dependencia del sistema público hacia la gestión privada, lo que ha llevado a desviar recursos públicos hacia entidades con fines de lucro. El informe también señala que, a pesar del incremento en el aseguramiento privado, la mayoría de los españoles prefieren los servicios sanitarios públicos para atención primaria y casos complejos. Se identifican riesgos estructurales como la fragmentación de la red asistencial y la pérdida de capacidad pública de planificación. Se recomienda reforzar la auditoría y promover la gestión pública directa para asegurar mejores resultados en salud.
El Ministerio de Sanidad ha emitido una alerta sobre la creciente dependencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los centros sanitarios de gestión privada.
Según el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España, se ha registrado un aumento significativo en el número de hospitales privados que operan dentro del SNS, con un incremento del 36,8 % en la última década. Actualmente, estos centros representan el 30,7 % del total de hospitales del sistema.
La colaboración con entidades privadas ha evolucionado desde ser una opción excepcional hasta convertirse en una práctica estructural, lo que implica una desviación creciente del presupuesto público hacia empresas cuyo objetivo es el beneficio económico y no necesariamente el interés general.
Desde 2011, el número de hospitales privados integrados en el SNS ha pasado de 106 a 145. Este crecimiento ha llevado a que la proporción de camas operativas en manos privadas dentro del SNS aumente del 13,7 % al 17,8 %, y los quirófanos bajo gestión privada también han crecido, alcanzando un 10,7 %.
Este fenómeno es especialmente notable en comunidades como Cataluña y Navarra, donde la red privada desempeña un papel crucial en la infraestructura asistencial. Sin embargo, el único ámbito donde se observa un aumento significativo en los hospitales privados no pertenecientes al SNS es en la realización de pruebas diagnósticas.
En 2023, se estima que el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros privados no adscritos al SNS fueron financiadas con recursos públicos. Además, cerca del 21 % de las intervenciones quirúrgicas ambulatorias recibieron apoyo financiero del SNS.
A pesar de esta colaboración con el sector privado, el informe señala que no se han logrado mejoras significativas en términos de eficiencia o resultados sanitarios. Se advierte sobre los riesgos asociados a una transferencia progresiva del gasto público hacia la gestión privada, lo que podría afectar negativamente la planificación y control del sistema.
El análisis revela que entre el 70-80 % de los contactos relacionados con diagnósticos comunes como traumatismos o infecciones respiratorias son atendidos en hospitales públicos. En casos más complejos como trasplantes o neonatos con bajo peso al nacer, la cobertura por parte del SNS supera el 95 %.
No obstante, entre los riesgos identificados por este modelo mixto se incluyen: fragmentación de la red asistencial, desigualdades salariales para el personal médico y problemas relacionados con costos y trazabilidad en facturación.
A pesar del crecimiento notable del aseguramiento privado —que alcanzó al 32,6 % de la población española en 2024— muchos ciudadanos aún prefieren utilizar los servicios públicos para atención primaria y urgencias. La pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador importante para este cambio hacia seguros privados debido a preocupaciones sobre saturación y tiempos de espera.
Dicha situación plantea un escenario donde las funciones asistenciales y recursos se comparten cada vez más entre lo público y lo privado. Ante esta realidad, el Ministerio enfatiza la necesidad urgente de reforzar la planificación pública para garantizar equidad territorial y asegurar que toda financiación pública se destine al interés general.
A pesar de que el sistema público sigue siendo fundamental para garantizar el derecho a la salud, las tendencias actuales amenazan sus principios fundacionales. El informe recomienda mejorar los mecanismos de auditoría sobre actividades privadas financiadas con recursos públicos y promover una gestión pública directa como opción preferente para asegurar mejores resultados sanitarios.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Aumento de hospitales privados en el SNS (2011-2023) | 36,8% |
| Porcentaje de hospitales del SNS con dependencia privada (2023) | 30,7% |
| Aumento de camas operativas en centros privados (2011-2023) | 17,8% |
| Aumento de quirófanos en centros privados (2011-2023) | 10,7% |
| Estancias hospitalarias financiadas con fondos públicos en centros privados (2023) | 34,6% |
| Aseguramiento privado en la población española (2024) | 32,6% |
El número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado un 36,8 % en la última década, pasando de 106 en 2011 a 145 en 2023.
Actualmente, el 30,7 % de todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen dependencia funcional privada.
La proporción de camas operativas en centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023, y la proporción de quirófanos ha crecido del 8 % al 10,7 %.
En 2023, el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos.
Los principales riesgos incluyen la fragmentación de la red asistencial, brechas salariales y condiciones laborales del personal, pérdida de capacidad pública para planificar, riesgos de sobrecoste y atención selectiva por parte del sector privado.
El aseguramiento privado ha crecido significativamente; en 2024, el 32,6 % de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 % en 2018.
Se recomienda reforzar los mecanismos de auditoría y control sobre la actividad privada financiada con recursos públicos y promover la gestión pública directa como opción preferente para mejorar resultados en salud.