El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que prioriza la gestión pública en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que permitió la gestión privada. Esta normativa busca garantizar un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad, estableciendo la gestión directa como modelo fundamental. La ley introduce mecanismos de control, como evaluaciones previas obligatorias y un informe de sostenibilidad para contratos de concesión. Además, se fomentará la transparencia mediante la publicación anual de indicadores de salud y se apoyará a las administraciones en la reversión a gestión pública directa. La ley entrará en vigor veinte días después de su publicación en el BOE.
El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud
En una reciente sesión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta normativa, que se encuentra en su fase parlamentaria, busca consolidar la gestión directa como la modalidad preferente para la prestación sanitaria, derogando así la Ley 15/1997, que había permitido la introducción de modelos de gestión privada en el sistema sanitario.
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende garantizar que la gestión pública sea prioritaria y asegurar un acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios sanitarios. La nueva ley establece que la gestión directa será el pilar fundamental del SNS, llevándose a cabo a través de administraciones públicas, entidades del sector o consorcios. De este modo, se busca eliminar las vías que facilitaron la expansión de la gestión privada en el ámbito sanitario.
La propuesta legislativa también introduce mecanismos estrictos para controlar la gestión indirecta de servicios sanitarios, limitándola a casos excepcionales. Para recurrir a esta modalidad, las administraciones deberán justificar objetivamente por qué no es viable la prestación directa y demostrar que la alternativa elegida es sostenible y eficiente.
Entre los principales mecanismos de control destacan:
La ley también contempla medidas para promover un buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores sobre resultados en salud para todos los centros, independientemente del modelo bajo el cual operen. Además, se prevé que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad brinde asesoría técnica a aquellas administraciones que deseen recuperar servicios para su gestión pública directa.
Asimismo, dentro del plazo de un año, el Ministerio elaborará un informe evaluativo sobre las diversas experiencias en gestión desarrolladas en España desde 1997. Este informe será realizado por un grupo integrado por representantes públicos y expertos en evaluaciones, incluyendo también a organizaciones representativas de pacientes.
El Proyecto incluye un régimen transitorio destinado a asegurar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo las normativas anteriores hasta su finalización. Una vez que las Cortes aprueben definitivamente esta legislación, entrará en vigor veinte días después de su publicación oficial.
Es una norma aprobada por el Consejo de Ministros que consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que permitió la entrada de nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
El objetivo principal es garantizar la prioridad de la gestión pública, asegurando un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad. También busca eliminar las vías que permitieron la gestión privada en el sistema público.
Se crearán órganos con expertos para evaluar si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley. Además, se exigirá un informe obligatorio de sostenibilidad financiera para contratos de concesión y se priorizará al sector social en caso de empate en licitaciones.
La ley exige la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. También se elaborará un informe sobre experiencias pasadas desde 1997 para evaluar el impacto de diferentes modelos de gestión.
Los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados seguirán rigiéndose por la normativa anterior hasta su vencimiento. La nueva ley entrará en vigor a los veinte días tras su publicación oficial.