La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha llevado a cabo una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, bajo el título ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’. Este evento reunió a responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, expertos en derecho y portavoces parlamentarios para discutir la necesidad de un nuevo instrumento jurídico vinculante en Naciones Unidas.
Durante la inauguración, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, advirtió que el proceso hacia la Convención será “complejo” y “largo”, pero hizo un llamado a no retrasar su aprobación más allá de 2030. Fernández enfatizó que España debe adoptar una postura activa en las negociaciones y abogó por la creación de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones existentes.
Compromiso con los derechos humanos
La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 una resolución para iniciar la redacción de esta Convención. Sancho destacó que España ha respaldado este proceso desde sus inicios, incluso cuando hubo reticencias en Europa. Afirmó que la Convención podría ser un “instrumento” fundamental para construir una sociedad más equitativa que garantice el derecho a envejecer con salud y dignidad.
Sancho también subrayó el deseo de España de desempeñar un papel “pionero y líder” en el reconocimiento del derecho al envejecimiento saludable, participando activamente en las reuniones intergubernamentales y consultas en Naciones Unidas.
El impacto del edadismo
Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, contextualizó la elaboración de la Convención como parte de un campo emergente en derechos humanos. Resaltó que, a pesar del principio universal de igualdad, el disfrute efectivo de los derechos humanos disminuye con la edad debido al edadismo. Este fenómeno es una forma aceptada socialmente de discriminación que necesita ser confrontada.
Georgantzi explicó que una Convención no es solo un texto legal; transforma valores en obligaciones jurídicas y actúa como un “espejo” para evidenciar la discrepancia entre los principios proclamados y la realidad vivida por las personas mayores. También mencionó que el proceso está entrando en una fase crucial donde se definirán principios y estructuras necesarias para fortalecer las capacidades civiles a nivel nacional y local.
Papel activo del movimiento asociativo
En una mesa redonda dedicada al papel de la sociedad civil, Ángel Yagüe, representante de AGE Platform Europe, subrayó la urgencia de combatir el edadismo ante una “transición demográfica sin precedentes”. Isabel Martínez, presidenta de HelpAge International España, describió la Convención como un cambio necesario para abordar los desafíos relacionados con la longevidad en el siglo XXI. Afirmó que es fundamental eliminar obstáculos normativos y fomentar una pedagogía inclusiva sobre los derechos.
Gregorio Saravia del CERMI Estatal calificó como “urgente” esta Convención en un contexto internacional complicado para los derechos humanos. Además, instó a intensificar esfuerzos para avanzar en las negociaciones e incorporar adecuadamente las perspectivas específicas de las personas mayores con discapacidad.
Nuevas garantías legales
En otra mesa centrada en el marco jurídico futuro, María José Segarra, fiscal coordinadora sobre Discapacidad y Mayores, apuntó que la Convención proporcionará mecanismos esenciales para verificar derechos y reducir discrepancias entre lo reconocido legalmente y lo vivido por las personas mayores. También abordó preocupaciones sobre abusos sistemáticos e infradenuncias.
María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, defendió que esta Convención permitiría consolidar derechos fundamentales e implementaría medidas concretas contra cualquier forma de discriminación por edad.
Afrontando retos globales
Cerrando la jornada, Eduardo Ramón Merino de Mena, director de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, reconoció un panorama internacional complejo marcado por limitaciones financieras y falta de compromiso. No obstante, reafirmó que España continuará impulsando activamente el desarrollo de esta importante Convención.
Merino concluyó recordando el compromiso histórico del país con tratados internacionales sobre derechos humanos e hizo un llamado a recuperar los principios fundamentales establecidos por la Declaración Universal: dignidad e igualdad como pilares innegociables ante los retos globales del envejecimiento.
La jornada organizada por la PMP ha sido clave para fortalecer el consenso sobre la necesidad urgente de establecer un marco internacional específico que garantice los derechos fundamentales de las personas mayores.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores?
Es un instrumento jurídico que busca garantizar los derechos de las personas mayores a nivel internacional, abordando temas como la dignidad, igualdad y no discriminación.
¿Por qué es importante la aprobación de esta Convención antes de 2030?
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a que la aprobación no se prolongue más allá de 2030 para asegurar un marco legal que proteja los derechos de las personas mayores en un contexto demográfico cambiante.
¿Qué papel está desempeñando España en este proceso?
España, a través del IMSERSO, ha apoyado el proceso desde sus inicios y busca ser un líder en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable, participando activamente en las negociaciones internacionales.
¿Cuáles son algunos de los retos mencionados para la Convención?
Entre los retos se incluyen la necesidad de consenso entre regiones y culturas, así como el respaldo fuerte y unificado de la Unión Europea para avanzar en el desarrollo del tratado.
¿Qué medidas internas se están proponiendo en España?
Se propone el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar brechas y discriminaciones existentes en el país.
¿Cómo puede la Convención ayudar a combatir el edadismo?
La Convención transformará valores en obligaciones jurídicas, creando herramientas para la participación y el acceso a la justicia, elevando la conciencia social sobre los derechos de las personas mayores.
¿Qué apoyos se han mostrado durante la jornada organizada por la PMP?
Diferentes grupos parlamentarios expresaron su apoyo al avance de la futura Convención, destacando la necesidad de reforzar garantías efectivas para los derechos de las personas mayores.
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