El Consejo Interterritorial del SNS aprueba criterios de reparto de fondos para salud mental
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado luz verde a los criterios que regirán la distribución de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para iniciativas enfocadas en la prevención del suicidio durante el año 2026.
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán presentar memorias técnicas y económicas para acceder a estos fondos, asegurando que se integren criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.
Criterios centrados en la comunidad y derechos humanos
La orientación comunitaria se define como un enfoque que coloca a las personas en su contexto social, familiar y comunitario, considerando factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Los proyectos podrán incluir intervenciones individuales y familiares, así como iniciativas grupales o coordinadas con recursos comunitarios.
Entre las acciones financiables se encuentran el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos en barrios. Sin embargo, no se financiarán aquellos centrados exclusivamente en aumentar camas o realizar reformas estructurales en hospitales.
Los proyectos también deberán respetar los derechos humanos, garantizando la dignidad, autonomía personal y consentimiento informado de los usuarios. Esta normativa está alineada con estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pautas para prevenir el suicidio y promover la equidad
Se prevén actuaciones dirigidas a reducir contenciones mecánicas y desarrollar modelos de “puertas abiertas” en hospitales. Además, se incorporarán mecanismos para evaluar participativamente las iniciativas desde la perspectiva de los usuarios y sus familias. No se financiarán prácticas coercitivas que restrinjan derechos.
La equidad es otro criterio fundamental; los proyectos deben abordar desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos vulnerables como personas sin hogar, menores bajo protección y mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto a la prevención del suicidio, los proyectos deberán incluir acciones específicas para poblaciones en alto riesgo y contar con mecanismos evaluativos que analicen resultados desde una óptica equitativa.
Criterios adicionales para buenas prácticas
Aparte de los criterios obligatorios, el acuerdo establece pautas para identificar buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Salud. Se valorará especialmente la participación activa de usuarios y familiares en decisiones clave, así como el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales que afectan a la salud.
También se tendrán en cuenta aquellas iniciativas que promuevan una coordinación efectiva entre distintos ámbitos como sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación.
Estos fondos son parte integral de las acciones impulsadas bajo la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y los planes aprobados para mejorar tanto la salud mental como la prevención del suicidio.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 39 millones de euros |
Fondos destinados al Plan de Acción de Salud Mental |
| 17,83 millones de euros |
Fondos destinados al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio |
| 2026 |
Año del ejercicio correspondiente a los fondos aprobados |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto dinero se ha aprobado para salud mental y prevención del suicidio en 2026?
Se han aprobado 39 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio durante el año 2026.
¿Qué criterios deben seguir las comunidades autónomas para acceder a los fondos?
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán presentar memorias técnicas y económicas que incluyan criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.
¿Qué tipo de proyectos se podrán financiar con estos fondos?
Se financiarán proyectos que fortalezcan centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos en barrios. No se financiarán aumentos de camas o reformas estructurales en hospitales.
¿Cómo se garantizan los derechos humanos en los proyectos financiados?
Los proyectos deberán garantizar la dignidad, autonomía personal y consentimiento informado de los usuarios, siguiendo estándares internacionales como el QualityRights de la OMS. Se evitarán prácticas coercitivas o restrictivas.
¿Qué colectivos serán priorizados en las actuaciones?
Las actuaciones deberán orientarse a reducir desigualdades sociales en salud mental, priorizando a personas en situación de sinhogarismo, menores en protección y mujeres víctimas de violencia de género.
¿Qué mecanismos se incorporarán para evaluar los proyectos?
Los proyectos incluirán mecanismos de evaluación participativa por parte de usuarios y sus familias, así como evaluaciones sobre resultados desde una perspectiva de equidad.
¿Qué criterios adicionales se valorarán para identificar buenas prácticas?
Se valorará la participación activa de usuarios y familiares en decisiones, trabajo intersectorial sobre determinantes sociales, e inclusión de expertos por experiencia en el diseño y evaluación de proyectos.
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