La PMP solicita acción política para aprobar la Convención de Derechos de las Personas Mayores antes de 2030

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha llevado a cabo una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, titulada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’. Este evento reunió a responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, expertos en el ámbito jurídico y portavoces parlamentarios. El objetivo principal fue promover un nuevo proceso internacional que busque redactar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas y resaltar la necesidad de que España adopte un papel activo en este contexto.

Durante la inauguración del acto, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, advirtió que el camino hacia la Convención será “complejo” y “largo”. No obstante, hizo un llamado a no posponer acciones y a trabajar para que la aprobación del texto se logre antes de 2030. Fernández enfatizó que España no puede permanecer inactiva mientras se negocia este tratado crucial, instando a implementar medidas internas como el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones existentes.

Compromiso institucional y liderazgo en derechos

La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 una resolución para iniciar la redacción de esta Convención. Resaltó que España ha respaldado este proceso desde sus inicios, incluso cuando hubo reticencias en Europa. Sancho argumentó que la Convención podría ser un “instrumento” esencial para crear “una sociedad más igualitaria y justa”, garantizando así el derecho a envejecer con salud y dignidad. Además, subrayó el deseo de España por ser “pionera” en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable.

A lo largo del evento, Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, abordó el proceso como un campo emergente dentro de los derechos humanos. Destacó que, a pesar del principio universal de igualdad, “el disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad” debido al edadismo, una forma aceptada socialmente de discriminación. Georgantzi afirmó que una Convención no es solo un documento; transforma valores en obligaciones jurídicas y crea herramientas para facilitar la participación y el acceso a la justicia.

El papel transformador del movimiento asociativo

La primera mesa redonda se centró en el papel fundamental de la sociedad civil. Ángel Yagüe, representante de AGE Platform Europe, vinculó la necesidad urgente de esta Convención con una “transición demográfica sin precedentes”. Hizo hincapié en combatir el edadismo y destacó cómo el futuro tratado podría transformar marcos normativos y concienciar sobre los derechos del colectivo mayor.

Isabel Martínez, presidenta de HelpAge International España, describió la Convención como un cambio necesario para afrontar los desafíos relacionados con la longevidad en este siglo. Afirmó que no es simplemente una idea reciente sino una reivindicación con décadas de historia. Aunque existe un apoyo favorable en España, alertó sobre la necesidad urgente de eliminar obstáculos normativos y fomentar una educación tanto desde arriba hacia abajo como viceversa para garantizar que tanto responsables públicos como personas mayores comprendan sus derechos.

Desafíos legales y garantías efectivas

En otro panel dedicado al marco jurídico futuro, María José Segarra, fiscal coordinadora para Personas con Discapacidad y Mayores, destacó que el valor añadido de esta Convención radica en su capacidad para introducir mecanismos que verifiquen e impulsen su cumplimiento. Indicó que es preocupante tanto la infradenuncia como la normalización del abuso hacia este grupo poblacional. La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación también abogó por sistematizar derechos mediante datos e indicadores claros.

Ana María Marcos, catedrática de Filosofía del Derecho, subrayó que reconocer a las personas mayores como sujetos plenos implica personalizar su condición jurídica sin caer en paternalismos. Además, resaltó que es vital tratar a este colectivo con dignidad y activar su valor social mediante su experiencia activa.

Afrontando un contexto internacional complejo

El director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eduardo Ramón Merino de Mena, cerró el evento destacando un contexto internacional complicado marcado por limitaciones financieras en Naciones Unidas y reticencias dentro de algunos sectores europeos. Sin embargo, reafirmó el compromiso continuo de España con el desarrollo efectivo de esta Convención.

Finalmente, Merino hizo hincapié en la importancia del sistema internacional actual para mejorar políticas públicas relacionadas con los derechos humanos. La jornada organizada por la PMP ha reforzado así el consenso institucional sobre avanzar hacia un marco internacional específico que garantice los derechos fundamentales para las personas mayores.

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