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La Federación LGTBI+ respalda ley para penalizar prácticas de conversión y pide votación urgente
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La Federación LGTBI+ respalda ley para penalizar prácticas de conversión y pide votación urgente

jueves 28 de mayo de 2026, 14:41h

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La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, actualmente prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, enfatiza la necesidad de sanciones más severas, como penas de cárcel, para erradicar estas pseudoterapias que han sido calificadas como tortura por la ONU. A pesar de que España es considerada líder en derechos LGTBI+, se destaca la urgencia de proteger a las víctimas y avanzar hacia una igualdad real. La federación también ha impulsado una Iniciativa Ciudadana Europea que reunió más de un millón de firmas para prohibir estas prácticas en toda Europa.

La Ley LGTBI+ prohíbe las pseudoterapias, pero se busca su penalización

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado entre los partidos políticos respecto a la proposición de ley que busca prohibir penalmente las prácticas de conversión. Esta entidad hace un llamado a la Comisión de Igualdad para que lleve a cabo la votación lo antes posible, permitiendo así que el Congreso ratifique esta medida y continúe avanzando en la protección de las víctimas.

La legislación vigente desde 2023 ya prohíbe estas pseudoterapias de forma administrativa. Sin embargo, fue en junio de 2025 cuando el Congreso admitió a trámite una nueva proposición que pretende tipificarlas como delito. Paula Iglesias, presidenta de FELGTBI+, subraya la importancia de modificar el Código Penal: “Es crucial porque muchas organizaciones que promueven estas prácticas reciben financiación de fundaciones privadas y redes internacionales con agendas extremistas”.

Necesidad de penas más severas

Iglesias destaca que actualmente las sanciones por estas torturas se limitan a multas que pueden ser fácilmente pagadas, lo cual permite que estas actividades continúen sin consecuencias significativas. “Es fundamental que las penas incluyan prisión, antecedentes penales y la inhabilitación”, argumenta.

La propuesta legislativa incluye un nuevo artículo en el Código Penal (173 bis) que prevé penas de entre seis meses y dos años de cárcel para quienes utilicen métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual o identidad de género de una persona. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha instado a su prohibición global. La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) también ha señalado los graves daños psicológicos que causan, incluyendo depresión severa e ideación suicida.

Un país líder en derechos LGTBI+

Paula Iglesias señala que aunque España ha sido reconocida por ILGA como uno de los países más respetuosos con los derechos LGTBI+, esto no debe llevar a la complacencia. “Ocupar el primer puesto no significa haber alcanzado la igualdad real. No podemos permitir que en un país considerado modelo se sigan cometiendo torturas contra personas del colectivo”, afirma.

La presidenta expresa su esperanza en que el Congreso apruebe definitivamente la ley pronto: “Deseamos poder salir a celebrar durante el Orgullo lo logrado y resaltar la importancia de las medidas que nos protegen del odio organizado”. Iglesias enfatiza también que ser líderes implica una responsabilidad constante para seguir avanzando y servir como ejemplo para otros países.

Compromiso político ante una demanda social

FELGTBI+, junto con otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, recolectó más de un millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) solicitando a la Comisión Europea la prohibición total de las prácticas de conversión en todos los Estados miembros. Iglesias destaca el éxito rotundo en cuanto a participación ciudadana y apoyo recibido por parte de 11 Estados miembros.

A pesar del rechazo inicial por parte de la Comisión Europea para crear una legislación vinculante sobre este tema, se anunció una Recomendación oficial para 2027. “Este proceso nos ha permitido conocer mejor el sentir ciudadano tanto en Europa como en España. Ahora exigimos un compromiso político acorde con esta demanda social”, concluye Iglesias.

Nota de prensa. 27052026-ley terapias de conversión

La noticia en cifras

Cifra Descripción
6 meses - 2 años Pena de prisión propuesta para quienes ejerzan prácticas de conversión.
1 millón Firmas recopiladas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea contra las prácticas de conversión.
11 Número de Estados miembros que apoyaron la iniciativa ciudadana.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué es la proposición de ley contra las prácticas de conversión?

Es una iniciativa legislativa que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que intentan modificar o reprimir la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género de las personas.

¿Qué prohíbe actualmente la Ley LGTBI+ de 2023?

La Ley LGTBI+ ya prohíbe administrativamente las pseudoterapias relacionadas con las prácticas de conversión.

¿Por qué es importante modificar el Código Penal en relación a estas prácticas?

Modificar el Código Penal es fundamental porque actualmente estas prácticas solo se sancionan con multas, lo que permite que continúen. La modificación buscaría imponer penas de cárcel y antecedentes penales para quienes realicen estas torturas.

¿Cuál es la postura de la ONU sobre las prácticas de conversión?

La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha solicitado su prohibición global debido a los graves daños psicológicos que provocan.

¿Qué acciones ha tomado la Federación Estatal LGTBI+ al respecto?

La Federación ha apoyado la proposición de ley y ha recopilado más de un millón de firmas para una Iniciativa Ciudadana Europea que instó a la Comisión Europea a prohibir estas prácticas en todos los Estados miembros.

¿Cuál es el objetivo final de la Federación Estatal LGTBI+ con esta propuesta?

El objetivo es lograr una legislación que proteja efectivamente a las víctimas y avance hacia la igualdad real en derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

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