Sanciones

El ejército israelí ha matado a nueve niños en un ataque en Gaza mientras intentaban acceder a suplementos nutricionales, lo que ha generado condenas internacionales. El Secretario General de la ONU calificó de "inaceptable" las sanciones impuestas por Estados Unidos a la relatora Francesca Albanese, quien trabaja en temas relacionados con los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Además, un informe de ONUSIDA advierte que la falta de financiación podría provocar cuatro millones de muertes por sida hasta 2029. La situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose, con miles de niños gravemente desnutridos y el acceso a la asistencia vital severamente limitado.

El Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) ha denunciado la reciente prohibición de la celebración del Orgullo en Hungría, afirmando que esto marca un retroceso en los derechos humanos y que Europa ya no puede considerarse un espacio seguro para la comunidad LGTBI+. COGAM exige a la Unión Europea que implemente "sanciones contundentes" contra gobiernos que violan estos derechos. La situación resalta la creciente LGTBIfobia en el continente y la necesidad de una respuesta firme por parte de las instituciones europeas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente sancionador a una aerolínea low cost por prácticas abusivas, siendo este el sexto caso en total. Las acusaciones incluyen el cobro de suplementos por equipaje de mano y la reserva de asientos para menores y personas dependientes, así como omisiones engañosas en la información de precios. Las sanciones pueden oscilar entre 10.001 y 1.000.000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Este movimiento se alinea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe tales cargos adicionales. España fue pionera en imponer sanciones por estas prácticas, afectando a varias aerolíneas conocidas.

La autoridad de protección de datos de Baviera (BayLDA) ha ordenado a Worldcoin eliminar todos los códigos de iris almacenados desde el inicio del proyecto, tras declarar que la empresa infringió varios artículos del RGPD. Esta resolución sigue a una medida cautelar impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que había prohibido la recolección y tratamiento de datos biométricos en España debido a incumplimientos graves. La BayLDA exige que cualquier tratamiento futuro se realice con el consentimiento explícito del interesado y garantizando el derecho a la supresión de datos. Además, se prevén multas por incumplimiento y se investigará el tratamiento de datos de menores.