El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud
En una reciente sesión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta normativa, que se encuentra en su fase parlamentaria, busca consolidar la gestión directa como la modalidad preferente para la prestación sanitaria, derogando así la Ley 15/1997, que había permitido la introducción de modelos de gestión privada en el sistema sanitario.
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende garantizar que la gestión pública sea prioritaria y asegurar un acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios sanitarios. La nueva ley establece que la gestión directa será el pilar fundamental del SNS, llevándose a cabo a través de administraciones públicas, entidades del sector o consorcios. De este modo, se busca eliminar las vías que facilitaron la expansión de la gestión privada en el ámbito sanitario.
Mecanismos de control y evaluación
La propuesta legislativa también introduce mecanismos estrictos para controlar la gestión indirecta de servicios sanitarios, limitándola a casos excepcionales. Para recurrir a esta modalidad, las administraciones deberán justificar objetivamente por qué no es viable la prestación directa y demostrar que la alternativa elegida es sostenible y eficiente.
Entre los principales mecanismos de control destacan:
- Evaluación previa obligatoria: Se establecerán órganos compuestos por expertos y representantes de la sociedad civil que elaborarán informes sobre si la gestión indirecta cumple con los requisitos legales. Estos informes serán considerados por las administraciones antes de tomar decisiones.
- Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE): Este informe será obligatorio en contratos de concesión para garantizar la sostenibilidad financiera y evitar estimaciones poco realistas que puedan afectar negativamente a la atención sanitaria.
- Preferencia por el sector social: En caso de empate en licitaciones, se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
Transparencia y apoyo a la reversión
La ley también contempla medidas para promover un buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores sobre resultados en salud para todos los centros, independientemente del modelo bajo el cual operen. Además, se prevé que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad brinde asesoría técnica a aquellas administraciones que deseen recuperar servicios para su gestión pública directa.
Asimismo, dentro del plazo de un año, el Ministerio elaborará un informe evaluativo sobre las diversas experiencias en gestión desarrolladas en España desde 1997. Este informe será realizado por un grupo integrado por representantes públicos y expertos en evaluaciones, incluyendo también a organizaciones representativas de pacientes.
Seguridad jurídica garantizada
El Proyecto incluye un régimen transitorio destinado a asegurar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo las normativas anteriores hasta su finalización. Una vez que las Cortes aprueben definitivamente esta legislación, entrará en vigor veinte días después de su publicación oficial.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud?
Es una norma aprobada por el Consejo de Ministros que consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que permitió la entrada de nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
¿Cuáles son los objetivos principales del Proyecto de Ley?
El objetivo principal es garantizar la prioridad de la gestión pública, asegurando un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad. También busca eliminar las vías que permitieron la gestión privada en el sistema público.
¿Cómo se asegura la transparencia y control en la gestión sanitaria?
Se crearán órganos con expertos para evaluar si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley. Además, se exigirá un informe obligatorio de sostenibilidad financiera para contratos de concesión y se priorizará al sector social en caso de empate en licitaciones.
¿Qué medidas se implementarán para garantizar buenos resultados en salud?
La ley exige la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. También se elaborará un informe sobre experiencias pasadas desde 1997 para evaluar el impacto de diferentes modelos de gestión.
¿Qué sucederá con los contratos y concesiones ya existentes?
Los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados seguirán rigiéndose por la normativa anterior hasta su vencimiento. La nueva ley entrará en vigor a los veinte días tras su publicación oficial.
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