Vivienda

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la eliminación de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras respaldar la Justicia las acciones del ministerio. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno de garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará su labor para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Ministerio de Vivienda de España ha lanzado una campaña informativa para la activación del registro único de alquileres de corta duración, que comenzará el 1 de julio de 2025. Esta iniciativa busca combatir el fraude en los alquileres turísticos y temporales, facilitando así el acceso a una vivienda digna. España se convierte en el primer país en adaptar la normativa europea en este ámbito.

El Gobierno de España y las comunidades autónomas han movilizado más de 2.000 millones de euros para transformar el modelo de cuidados a personas con dependencia, enfocándose en un modelo centrado en la vivienda y la comunidad. Este plan operativo, que se desarrollará hasta 2025, incluye 695 actuaciones destinadas a ofrecer cuidados personalizados en los hogares, evitar la institucionalización y garantizar el acceso a viviendas dignas. El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia del acceso a una vivienda como condición esencial para recibir cuidados dignos y fomentar la autonomía personal. Este esfuerzo busca revolucionar la atención a personas mayores, con discapacidad y otros grupos vulnerables, promoviendo su inclusión en entornos comunitarios.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para facilitar su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico, ya que en Madrid operan más de 15.000 alojamientos sin licencia, contrastando con las 1.131 licencias oficiales otorgadas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy ha instado al Ayuntamiento a tomar medidas decisivas para abordar esta problemática y recuperar viviendas para uso residencial. La información incluye anuncios de los alojamientos ilegales, evidenciando su actividad actual.

El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas engañosas. Esta acción se enfoca en empresas que administran múltiples propiedades y que podrían estar violando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar conductas que induzcan a error a los consumidores, como publicidad fraudulenta o gestión irregular de alojamientos con licencia. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.