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educacion inclusiva

04/09/2025@18:44:41

El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha otorgado 5.176.882 euros en ayudas directas a 1.113 personas con discapacidad a través del Programa Reina Letizia para la Inclusión. Estas ayudas están diseñadas para eliminar barreras en el acceso a la educación, cubriendo gastos como asistencia personal, intérpretes de lengua de signos y recursos tecnológicos. La iniciativa busca fomentar la educación inclusiva y mejorar las oportunidades laborales para este colectivo, prestando especial atención a grupos vulnerables como mujeres con discapacidad y personas con grandes necesidades de apoyo. La mayoría de los beneficiarios son jóvenes menores de 31 años y se distribuyen principalmente en comunidades como Andalucía y Madrid.

Activistas LGTBI+ de Hungría y Bulgaria han denunciado la creciente ofensiva reaccionaria contra los derechos LGTBI+ en Europa, haciendo un llamado urgente a las democracias europeas, incluida España, para que respondan de manera firme. Junto a organizaciones como la Federación Estatal LGTBI+, alertan sobre el impacto devastador de las leyes anti-LGTBI+ en la Unión Europea, que limitan la visibilidad del colectivo y restringen derechos fundamentales. En particular, destacan cómo legislaciones en Hungría y Bulgaria han criminalizado la diversidad sexual y la educación inclusiva, creando un entorno opresivo para las personas LGTBI+. Las entidades instan a una respuesta internacional coordinada para frenar esta ola conservadora y proteger los avances en derechos humanos.

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La Federación Estatal LGTBI+ exige la implementación urgente de la Ley LGTBI+ y la aprobación de una Ley de Familias inclusiva para garantizar el reconocimiento de la diversidad familiar. A pesar de los avances normativos, las familias LGTBI+ enfrentan barreras legales en derechos fundamentales como la filiación y el acceso a ayudas. La falta de visibilidad en el ámbito educativo perpetúa la discriminación y exclusión. La Federación subraya que es esencial contar con un marco legal sólido que proteja los derechos de todas las realidades familiares y combata discursos de odio. Se requiere una voluntad política firme para aplicar efectivamente estas leyes y asegurar la igualdad real.